Para aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria y un nivel histórico de inflación, los gobiernos de México, Haití y la zona de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Capard) han aprobado respuestas de política por 1.1 % de su PIB.
Solo en el caso de República Dominicana, los recursos destinados por el Gobierno a la producción o comercialización de alimentos sumaron RD$2,678.8 millones en el primer semestre de 2022.
De ese monto, RD$1,223.8 millones correspondieron al subsidio a los fertilizantes y RD$828.1 millones a la harina.
También se asignaron RD$200.9 millones en ayuda a los productores de pollo y los restantes RD$426 millones se utilizaron a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para la venta de combos alimenticios.
Más de 62 millones de personas en los países mencionados han experimentado inseguridad alimentaria tras la pandemia. El aumento reciente de los precios de los alimentos ha intensificado el problema y convierte a esta subregión en la que tiene el mayor porcentaje de población con inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Estos datos se desprenden del estudio “Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití”, que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que ofrece una visión del panorama y de las perspectivas de la seguridad alimentaria en la región tras la pandemia del covid-19, considerando los impactos de la escalada inflacionaria actual.
El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales.
Además, el informe discute medidas estructurales para reforzar los sistemas alimentarios y prevenir crisis futuras, como inversión en bienes públicos, acceso a financiamiento agrícola, investigación, desarrollo e innovación en el sector, y apertura al comercio internacional, entre otras, que deben ser diseñadas con un enfoque de género, debido a la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de los choques económicos.
“Si bien la inseguridad alimentaria moderada o grave en esta región ya se encontraba por encima del promedio de América Latina y el Caribe, esta se ha exacerbado por la escalada inflacionaria global originada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”, dice el estudio del BID.
Esa situación que cita el organismo ha provocado alzas en precios de productos básicos. En el país típico de Capard y México, las importaciones de maíz, arroz y trigo son más del 40 % del consumo de dichos productos. La inflación se ha convertido en la principal preocupación de los hogares y se estima que el porcentaje de hogares con ingresos menores al costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado este año más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019. “Aquellos liderados por mujeres o por trabajadores informales y los hogares rurales son los que se han visto especialmente afectados”, indica el estudio.
El BID tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.
El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.
Con una cartera de préstamos de US$1,500 millones en 18 proyectos específicos, de los cuales seis se ejecutan este año con US$1,200 millones, el BID prioriza en la República Dominicana tres sectores de crecimiento y avance.