Pedro Castillo fue el último en caer, pero comparte con sus más recientes predecesores en el cargo el poco tiempo que aguantó en él.
Su sucesora, la recién juramentada Dina Boluarte, se convierte en la primera presidenta en la historia de Perú, pero también en el sexto jefe del Estado peruano desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte).
La precariedad es tal que muchos peruanos se han acostumbrado a vivir ajenos a la política y sus permanentes turbulencias.
Tensión permanente con el Congreso
La constante se ha repetido en los últimos años. El pulso permanente entre el Congreso y el presidente termina con la derrota de este último, que acaba dejando el poder.
Castillo fue el último en sufrirlo en sus propias carnes.
En un aparente intento por frenar la votación de la moción de vacancia contra él en el Congreso, anunció sorpresivamente la disolución del Parlamento y la creación de un gobierno de excepción.
Pero pocas horas después, haciendo caso omiso del anuncio presidencial, los congresistas se reunieron y decretaron la vacancia del presidente, que quedó en manos de la Policía y la Fiscalía, acusado de rebelión.
La situación nace de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por «permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso».
Esto ha abierto la puerta a que la vacancia se convierta en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos.
Es lo que le ha ocurrido ahora a Castillo, a Vizcarra en 2020 y cuando Alberto Fujimori huyó a Japón en 2000 y el Congreso hubo de declarar su destitución.
Esa peculiaridad constitucional explica que los presidentes peruanos tengan una posición mucho más débil.
Los sucesivos congresos se han dado cuenta de que el procedimiento de la vacancia les da la posibilidad de acabar con el presidente y no han dudado en utilizarla.
Hasta el punto de que hay expertos que señalan que el sentido original de la vacancia se ha desvirtuado.
Según le dijo a BBC Mundo Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, «Perú es el único país en el mundo que tiene la institución de la vacancia por incapacidad moral. Pero la incapacidad moral, que está en las constituciones peruanas desde 1839, aludía en el siglo XIX a la incapacidad mental del presidente».
«Ahora cada vez que los congresistas consideran que el presidente es un inmoral, lo pueden destituir discrecionalmente con solo la fuerza de los votos, y ese término de inmoral es algo muy gaseoso hoy día».
Y a eso se suma la creciente fragmentación experimentada por las fuerzas políticas peruanas en los últimos años.
Cairo explica que «el Parlamento no está conformado por bloques parlamentarios sólidos, sino por una multitud de grupos pequeños que responden más a intereses particulares que a programas o ideologías, y eso hace muy difícil para los presidentes procurarse un respaldo en el Congreso».
De este modo, el peruano se configura como una rareza en el mapa de los sistemas políticos latinoamericanos, donde predominan los regímenes presidencialistas.
«Perú no es un régimen parlamentario como el británico o el español, en el que al primer ministro o al presidente del Gobierno lo eligen los diputados en el Parlamento, sino que al presidente lo eligen directamente los votos del pueblo en las elecciones, pero la existencia de la vacancia ha permitido un mecanismo discrecional para deponer al presidente que no existe en otros países de nuestra región».
La opción del gobierno
Sin embargo, el presidente peruano retiene algunas atribuciones que no lo dejan totalmente a merced del Congreso y también contribuyen a explicar por qué el Ejecutivo y el Legislativo viven en permanente tensión en Perú.
De acuerdo con la Carta Magna, el presidente puede disolver el Congreso si le niega por dos veces la confianza al Ejecutivo.
El intento postrero de Castillo de mantenerse en el poder pasó por anunciar la disolución del Congreso, entre otras medidas excepcionales consideradas por la mayoría de analistas y por la Fiscalía como inconstitucionales y que le llevaron a ser detenido, acusado de rebelión y otros delitos.
Emuló así a Alberto Fujimori, expresidente denostado por Castillo y muchos de sus seguidores, que en 1992 ordenó el cierre del Congreso.
El pasado noviembre, Castillo aseguró que el Congreso le había negado la confianza por su posición contraria a una ley sobre los referendos en el país.
Una segunda negativa le hubiera permitido disolver la Cámara.
Pero el Congreso negó que se hubiera producido siquiera esa supuesta primera denegación de la confianza y recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio provisionalmente la razón.
Fue la última escaramuza entre el Congreso y Castillo antes de la batalla final que terminó este miércoles con él fuera de la Presidencia.
Y aunque haya una nueva presidenta, hay motivos para pensar que podría ser efímera como los anteriores.
Qué puede pasar entre Dina Boluarte y el Congreso
La ya nueva vicepresidenta, Dina Boluarte, inauguró su mandato llamando a una «tregua» al Congreso y a construir «un gobierno de unidad nacional».
Pero, aunque hoy la mayoría de congresistas hayan votado por tumbar a Castillo y convertirla a ella en la nueva jefa del Estado, no está claro que vaya a contar con los apoyos necesarios para formar un gobierno estable.
Boluarte no tiene una bancada que la apoye en el Legislativo.
Para Cairo, su presidencia corre el riesgo de quedar marcada por la misma incertidumbre que sufrieron sus predecesores. «Con la vacancia planteada en los términos tan vagos en que lo está actualmente, es probable que corra la misma suerte».