El paro impulsado por el opositor Luis Fernando Camacho ya dejó pérdidas por 500 millones de dólares.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumplirá mañana dos años al frente del Gobierno en medio de la crisis política provocada por el retraso del censo y la presión opositora que hace dos semanas comenzó un paro que ya ha dejado pérdidas millonarias, que todavía no tiene expectativas de solución y que podría agravarse en los próximos días.
Después de ganar las elecciones, Arce asumió como presidente el 8 de noviembre de 2020 en una ceremonia que representó el regreso de Bolivia a la democracia después del gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, quien ya fue condenada por el papel que desempeñó durante el golpe de Estado que sufrió Evo Morales a fines de 2019.
Uno de los principales impulsores del golpe fue Luis Fernando Camacho, quien entonces era líder del ultraderechista Comité Cívico de Santa Cruz. En mayo de 2021 se convirtió en gobernador de este departamento, que es el más rico del país, y se consolidó como líder de la oposición.
El pasado 22 de noviembre, Camacho encabezó el inicio de un paro en protesta por el retraso del censo nacional. Desde ese día, la tensión ha marcado la vida política del país con enfrentamientos, marchas, problemas de abastecimiento de alimentos y gasolina y convocatorias del Gobierno a negociar que han resultado infructuosas.
La última alternativa propuesta por Arce fue la integración de una Comisión Técnica que comenzó a sesionar la semana pasada y en la que participan especialistas bolivianos más representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, quienes ya advirtieron que tardarán por lo menos cinco días más en diseñar una propuesta sobre el censo.
El presidente, por su parte, se comprometió a que la fecha que decida esta Comisión será la que finalmente decretará el Gobierno.
Sin ánimo de negociar
Mientras tanto, los Comités Cívicos de Bolivia anunciaron el inicio de una huelga nacional para este lunes en protesta por el bloqueo que militantes del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), mantienen en los alrededores de Santa Cruz para impedir el paso de personas y de productos y que califican como «un cerco genocida».
En un comunicado, los Comités denunciaron que el bloque ha privado de alimentos y suministro enérgico a este departamento, además de que ha promovido la violencia física y sicológica contra los santacruceños.
También advirtieron que la única forma de terminar con el paro es realizar el censo en 2023 y no en 2024, como quiere el Gobierno; levantar el cerco a Santa Cruz; establecer una mesa de diálogo «en condiciones de respeto, garantía y pacificación»; y suspender «la represión política y la persecución judicial» de los dirigentes cívicos.
En el mismo sentido se pronunció el representante del opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, quien advirtió que el presidente está equivocado si piensa que las protestas se van a desgastar. «Habrá paros, huelgas de hambre y movilizaciones ciudadanas», señaló.
Por el contrario, el Centro de Residentes Paceños en Santa Cruz, del que participan por lo menos medio millón de personas, apoyó al Gobierno.
«Rechazamos el paro cívico, su continuación ya no sería motivo ya que la clase media y de poca economía, el que vive y gana del día ya no tiene dinero para llevar a sus hogares y es la que más sufre (…) rechazamos la continuación de este paro criminal para la economía de los pobres», aseguró.
Los posicionamientos a favor y en contra de Arce o del paro se han replicado a lo largo del país por parte de organizaciones sociales, sindicales, universitarias, empresariales y de derechos humanos que evidencian la fuerte polarización que persiste en Bolivia.
Intereses
El conflicto comenzó en julio pasado, cuando el Gobierno pospuso para 2024 y por decreto el censo nacional que debía realizarse este mes, lo que la oposición impugnó porque los datos poblacionales están desactualizados e impactan tanto en el reparto de recursos económicos como de escaños en la Asamblea Legislativa.
La última consulta data de 2012, pero en particular Santa Cruz considera que es el departamento más afectado con el retraso ya que es el que más ha crecido y, por lo tanto, le corresponderían más fondos públicos y curules, lo que no se verá reflejado si no se realiza el nuevo censo.
Esto le da ventaja al oficialismo ya que, si el censo se realiza en 2024, los datos todavía no estarán disponibles para el 2025, año de las elecciones generales, por lo que todavía regiría la información de 2012. En este sentido, el Gobierno ofrece aumentar de antemano la coparticipación, lo que no convence a los huelguistas.
El grupo que comenzó a presionar con mayor fuerza fue el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, que fue conformado especialmente por Camacho, el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
Cuando advirtieron que iniciarían un paro, Arce convocó a una serie de diálogos a los que los líderes santacruceños no quisieron acudir, ya que su exigencia inamovible es que el censo se realice en 2023.
Así, el sábado 22 de octubre comenzó la huelga en Santa Cruz que, según datos del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, desde entonces ya dejó pérdidas por más de 500 millones de dólares.