El COI aprobó el viernes su estrategia de derechos humanos tras completar un proceso de muchos años, meses después de que los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing pusieron bajo la lupa la interacción de los deportes con el historial de discriminación y libertades civiles del país organizador.
El documento olímpico de 50 páginas, que se ajusta a los principios de Naciones Unidas, fue dado a conocer una semana después de que la expresidenta chilena Michelle Bachelet, titular saliente de derechos humanos del ente mundial, difundió un informe según el cual las detenciones de uigures y personas de otros grupos étnicos en China podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El marco de derechos del Comité Olímpico Internacional se presenta más de dos años después de que se adoptaron las recomendaciones contenidas en un informe coescrito por el predecesor de Bachelet, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordania.
“El marco determinará fundamentalmente las prácticas de trabajo del COI, los Juegos Olímpicos y el movimiento Olímpico, para garantizar que los derechos humanos sean respetados en el respectivo ámbito de su competencia”, manifestó el viernes el órgano olímpico al término de una reunión de su consejo ejecutivo.
Esos ámbitos de competencias habitualmente han limitado la capacidad o voluntad del COI para enfrentar a las naciones organizadoras más allá de asuntos deportivos específicos como la realización de las competiciones y la preparación de las sedes.
Antes de los Juegos Olímpicos de Beijing —en medio de la investigación al trato de China a su minoría uigur, la supresión de los derechos democráticos en Hong Kong, y el caso de la tenista Peng Shui— el presidente del COI, Thomas Bach, insistió en que su organismo era de índole deportiva, no un “gobierno mundial”.
El viernes, cuando le preguntaron sobre el informe de Bachelet, Bach dijo que el COI trabajó con las autoridades deportivas en China para “garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el contrato con la ciudad sede”.
Bach asimismo declinó conjeturar hacia futuro cuando se le preguntó sobre las repercusiones que podría tener la estrategia de derechos humanos en la elección del país organizador con vistas a los Juegos Olímpicos de 2034 o de fechas posteriores.
Las autoridades deportivas en Arabia Saudí han dicho que organizar unos Juegos Olímpicos es un “objetivo fundamental” del reino.
“¿De qué países estamos hablando? ¿Qué condiciones habrá en esos países para entonces?», respondió Bach. “Esas son sólo meras conjeturas y así no podemos abordarlas”.
El COI tiene por delante una década tranquila porque que los países organizadores para los próximos Juegos Olímpicos son Francia, Italia, Estados Unidos y Australia tras la relativa turbulencia que precedió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.
Además de las políticas de las naciones, el COI considera en su compromiso con los derechos humanos, garantizar la seguridad y la integración deportiva, la inclusión de deportistas transgénero y mejorar la representación de los deportistas.
Grupos defensores de los deportistas han dejado entrever desde hace mucho tiempo que el COI realiza consultas demasiado estrechas al favorecer a deportistas aprobados por las partes implicadas directamente en los Juegos Olímpicos sin atender a voces más independientes.