Asesinatos indiscriminados de ciudadanos, quema de vehículos y de negocios con clientes en su interior, bloqueo de carreteras.
Durante varias jornadas de la pasada semana, México presenció conmocionado el caos incontrolable causado por el crimen organizado en diferentes estados del país.
Primero sucedió en Jalisco y Guanajuato, aparentemente como reacción al intento de las autoridades de capturar a un cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación. Después en varias ciudades de Baja California, como la fronteriza Tijuana.
Y entre medias, el crimen campó a sus anchas por Ciudad Juárez, tras una batalla originada en prisión entre grupos locales rivales que después se extendió a la ciudad y acabó con un saldo de 11 muertos en la que la que la población civil fue el principal blanco de esta masacre. El gobierno mexicano desplegó al ejército para restablecer la seguridad.
Ante el gran impacto generado en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta semana a opositores y medios de comunicación de utilizar lo ocurrido para generar incertidumbre y desestabilización entre la ciudadanía, y aseguró que con nada menos que 196 asesinatos de viernes a domingo en todo el país, el pasado «fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios».
De hecho, este tipo de actos violentos en los que el crimen organizado exhibe su poder sin tapujos tomando el control de ciudades enteras no es nuevo en México.
Lo que preocupa cada vez más es que, lejos de centrarse únicamente en enfrentamientos entre grupos rivales o con las autoridades, la población civil resulta cada vez más vulnerable al quedar prácticamente como rehén en el centro de estas disputas y ser objetivo directo de una violencia atroz e indiscriminada.
Civiles como blanco del narco
«(Es) algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos», dijo López Obrador hace unos días para destacar lo inédito de la situación.
Sin embargo, este no fue el primer ataque indiscriminado contra ciudadanos inocentes en México. Tampoco el más sangriento.
En 2008, ocho personas murieron tras la detonación de dos granadas en pleno centro de Morelia durante la celebración del Día de la Independencia. El año pasado, el crimen organizado asesinó a sangre fría a 14 civiles en Reynosa, también en la frontera norte.
«Ya hubo eventos de este tipo en el pasado, pero lo que sí estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia contra civiles. La semana pasada fue asesinado un niño, vimos cómo incendiaban negocios con gente dentro, quemaban camiones… es innegable que esa violencia se está agudizando», le dice a BBC Mundo Javier Oliva, especialista en seguridad.
Lo realmente inédito de los últimos ataques, coinciden analistas, es que tantos episodios violentos se registraran en tan poco tiempo y sembrando el terror en diferentes estados del país.
«Llama la atención la sincronía de los acontecimientos. No digo que estén relacionados, pero sí es una capacidad de organización llamativa la de estos grupos de delincuentes», añade el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
«Calentar la plaza»
El objetivo o motivos de los grupos criminales para llevar a cabo estos ataques a civiles no es uno solo.
Según declaró este lunes el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en los acontecimientos de la semana pasada hubo «un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social».
«Las organizaciones criminales quieren sentirse fuertes y generan situaciones de violencia donde, a manera de publicidad, puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes», coincidió el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Los carteles saben que el impacto de un ataque contra la población es mucho mayor y lo aprovechan para crear un auténtico escenario de caos y descontrol en ocasiones en que, como la semana pasada, se sienten amenazados por un operativo contra sus líderes.
Lo mismo ocurrió en 2019 durante el conocido «Culiacanazo» por la captura del hijo de quien fuera líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «el Chapo» Guzmán, y su posterior liberación ante los extremos niveles de violencia desatados en el municipio.
«Quieren lanzar un mensaje triple: a las autoridades de ‘a mí no me tocas, y si lo haces reaccionaré fuerte como para inhibir tu acción’; a otras organizaciones rivales y a la población para decirles que ‘aquí somos el único poder que controla la ciudad'», explica Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN) que dio lugar al actual Centro Nacional de Inteligencia.
A la práctica de sembrar este caos en territorios dominados por grupos rivales se la conoce en el argot del narco como «calentar la plaza». El objetivo es atraer la atención de las autoridades para que manden más efectivos y entorpezcan así las actividades criminales de sus enemigos.
«La justificación del crimen organizado hacia la sociedad para este tipo de actos es decir que si les dejan en paz, ellos no hacen nada. Pero que si el gobierno reacciona contra ellos, entonces todos sufrimos», dice Alberto Islas, experto en seguridad.
«Es su manera de hacerse las víctimas y de decir que si el Estado les deja trabajar, todo estará tranquilo. Cuando vemos realmente que la población de lugares donde hay crimen organizado sufre a diario extorsiones, pagan piso, trata de mujeres… La ‘normalidad’ para ellos es tener a ciudadanos como rehenes», agrega.
Resultados del «abrazos, no balazos»
Según el gobierno mexicano, si los grupos criminales quisieron mostrarse fuertes con estos últimos ataques fue debido a su supuesto «debilitamiento» logrado por la estrategia de seguridad que López Obrador popularizó bajo el polémico lema de ‘abrazos, no balazos’.
Esta táctica, con la que el actual mandatario pretende poner distancia de la conocida «guerra contra el narco» del expresidente Felipe Calderón, prioriza sobre la acción punitiva el mejorar las condiciones de vida de la población como forma de evitar que se integren en las filas del narco.
«Eso lleva trabajo. No es nada más el tener los elementos suficientes, las leyes severas, las amenazas de mano dura, ‘no me va a temblar la mano’, no. Es, aunque no les guste, abrazos, no balazos. Es más inteligencia que fuerza», insistió este miércoles el presidente.
Para demostrar sus resultados, López Obrador volvió a ofrecer una comparativa de los homicidios en México durante el primer y último año de gobiernos anteriores, que aumentaron en más de 192% y 59% en los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
AMLO presumió de que la cifra en lo que va de año es más de 10% inferior a la que se contabilizó durante el mismo período de su primer año de gobierno en 2019. «Pero calculamos que podemos llegar a 15% a finales de año de disminución», vaticinó.
Sin embargo, lo que el presidente no subrayó es que el pasado junio se superaron en su mandato el número total de muertes violentas registradas durante todo el gobierno de Calderón. Y teniendo en cuenta que no dejará el poder hasta finales de 2024, el de AMLO se perfila como el sexenio más violento de la historia del país.
De hecho, radicalmente opuestos a la interpretación del gobierno, oposición y empresarios aseguraron que los últimos actos violentos demuestran precisamente el fracaso de la política gubernamental, y no lo contrario.
«No veo que se hayan debilitado los carteles principales en estos tres años y medio de gobierno. El discurso del gobierno minimiza una realidad muy compleja al querer hacer creer que su estrategia es correcta cuando estamos viendo una capacidad operativa muy clara de las organizaciones criminales», cuestiona Valdés Castellanos.
¿Cambio de estrategia del gobierno?
Algunos analistas expresaron también sus dudas ante si estos eventos pudieran ser la reacción del crimen organizado a un hipotético cambio en la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
Este supuesto endurecimiento -no declarado oficialmente- podría ser una reacción a anuncios recientes como el plan para que la Guardia Nacional -creada en 2019 bajo un mando civil para garantizar la seguridad ciudadana- pase a formar parte de la Secretaría de Defensa, o la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.
Pero el propio gobierno negó esta posibilidad de viraje en sus políticas. «La estrategia federal está dando resultados y cuando algo está dando resultados, no tiene por qué cambiarse», dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El analista Islas coincide. «La respuesta del crimen organizado la semana pasada fue dura porque había un operativo contra un objetivo concreto, como ya ocurrió otras veces. Eso no es un cambio de tendencia de política pública».
En su opinión, la «inexistencia de políticas públicas reales» para desmantelar el crimen organizado es visible en la poca capacidad de reacción de las policías locales ante los últimos sucesos.
O como cuando la propia alcaldesa de Tijuana lanzó un mensaje al crimen organizado la semana pasada para «que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias». «Es un llamado de desesperación, cuando ella tenía que estar tomando las acciones para que esto no suceda», dice Islas.
«La lógica de estas organizaciones que quieren más territorio es aterrorizar a la población y matar inocentes si es necesario. Lo que no es lógico es que el gobierno no sepa cómo reaccionar y evitarlo», cuestiona Valdés Castellano.
Para el experto, el caos visto en México la semana pasada con la población civil como víctima «es síntoma de la permisividad generada por la política de seguridad del gobierno y demuestra que las organizaciones criminales se sienten cómodas y poco presionadas ante una reacción nula o muy tardía de las autoridades».
«Ojalá no sea así, pero las condiciones están dadas para que sigan sometiendo a la población civil», concluye. BBC MUNDO