Sobre el entendido de que “lejos de ser una reivindicación republicana, corre el enorme riesgo, con pocos remedios, de ser una frustración jurídica, democrática” y que podría atentar contra la convivencia, el senador perremeista por La Romana, Iván Silva renunció de la comisión bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
A través de una carta, remitida a los senadores Eduardo Estrella, presidente del Senado y a Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral, el congresista le comunica su “lamentable” decisión de renunciar a esa comitiva.
Argumenta en su misiva que tomó esa decisión luego de leer un análisis encargado por él.
“Pesan mucho mis responsabilidades políticas, sociales, democráticas, éticas y profesionales al momento de esta indeseada noticia”, expresa lo que, asegura, le impide trabajar en ese proyecto de ley.
Para él, entre las causas éticas y políticas que le obligan a su renuncia figura que existen en esa iniciativa omisiones que, a su entender, podrían impulsar realidades jurídicas estructurales y nefastas, que han hecho inefectivas la prevención y la represión contra la legitimación de capitales provenientes de delitos.
Por esas razones, Silva considera que esa iniciativa debería estar desvinculada del Derecho Penal Civil, Administrativo, Tributario y de cualquier otro Derecho.
El senador por La Romana cree que de esa forma se evitarían las estafas procesales que llevaron a la quiebra fraudulenta a tres bancos.
También expresó que “sufrimos la misma estafa procesal con el caso de narcotráfico del ciudadano español Arturo del Tiempo Marqués, condenado en su país”.
Se refirió a que al español, el Banco de Reservas le concedió de forma privilegiada un préstamo por US$18,000,000.00, al lograr un poder de la Presidencia de la República de entonces y teniendo como única garantía la construcción de la Torre Atiemar.
Precisó que ese caso escandalizó el proceder de los jueces y fiscales del sistema penal dominicano debido a que en el país ni siquiera iniciaron diligencias para castigar a sus cómplices a nivel nacional.
Aunque la carta se dio a conocer este jueves está fechada del 28 de abril pasado.