Los enfrentamientos entre militares y delincuentes que sembraron el caos y el terror durante horas en las calles de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, han colocado nuevamente a México ante sus peores fantasmas. Los eventos no solo han evidenciado la fragilidad del Estado cuando se trata de combatir el crimen organizado, en este caso el cartel de Sinaloa, uno de los grupos más sangrientos en la historia reciente del país. Los fracasos y precipitaciones en la operación para detener a Ovidio Guzmán, uno de los herederos de Chapo Guzmán, líder histórico del cartel, encarcelado en los Estados Unidos, y su posterior liberación, también han revelado la falta de una estrategia clara para el Tiempo de enfrentar Un gran desafío.
A la confusión por lo sucedido el jueves ha contribuido una mala política de comunicación oficial. Mientras todo el país seguía en vivo los tiroteos que sembraron el pánico en Culiacán, los líderes guardaron silencio. Sin embargo, de las imágenes y la versión oficial posterior hay algo que queda brevemente claro: la falta de coordinación y la ineptitud de las autoridades en este caso.
Los líderes responsables de la seguridad de México dijeron al principio que era una patrulla normal, algo extravagante, para luego admitir que era una operación para capturar al hijo del Chapo. Además, admitieron que el orden de captura del delincuente no se logró en el tiempo previsto, lo que condujo a la respuesta salvaje de los delincuentes, con una fuerza superior a la de las autoridades. Que nadie prevé que el contraataque también sea inexplicable en un país que ha estado luchando contra el crimen organizado durante más de una década. Las autoridades han negado que Ovidio Guzmán haya sido arrestado, a pesar de que se distribuyeron fotos de él, supuestamente después de un arresto. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, admitió que fue liberado y defendió que se hizo para salvaguardar la integridad de los vecinos de Culiacán. Sin embargo, los extremos sueltos de la operación dejan innumerables dudas en el aire sobre el grado de permisibilidad y permeabilidad del crimen organizado en los gobernantes, lo que debe aclararse lo antes posible.
Es evidente que México necesita un cambio radical en la política de seguridad, como lo ha declarado el presidente desde que llegó al poder. Y lo que sucedió en Sinaloa es el resultado de años de mala gestión de la lucha contra las bandas criminales. Sin embargo, es inadmisible que el presidente, dados los flagrantes errores de la operación, no haya asumido las responsabilidades que le corresponden como la máxima autoridad de seguridad en el país y tacha las críticas de "conjeturas de expertos". Su estrategia para poner fin a la violencia, que no es muy conocida en lo que es, está fallando. La inseguridad no se ha detenido y lo que sucedió en Sinaloa es el último ejemplo. El contraste con su vaga retórica es cada vez más desconcertante. El presidente de México debe dejar de culpar a la herencia recibida y asumir los desafíos que se avecinan, comenzando por tomar medidas contra los responsables de la operación Culiacán.
Puedes seguir la opinión de THE COUNTRY en Facebook, Gorjeo o suscríbase aquí al boletín.