La presencia de hipopótamo en Colombia, originada tras la introducción ilegal de ejemplares por parte de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, ha evolucionado en un serio problema ambiental que ahora obliga al Estado a tomar decisiones de alto impacto.
El Gobierno colombiano autorizó, mediante una circular oficial, medidas para controlar el crecimiento de esta población, incluyendo la eutanasia. Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población actual supera los 200 individuos y presenta problemas genéticos debido a la endogamia, ya que todos descienden de apenas cuatro ejemplares iniciales.
Un censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia contabilizaba 169 hipopótamos, pero las proyecciones indican que podrían superar los 500 para el año 2030 si no se aplican controles efectivos.
Más allá del crecimiento poblacional, las autoridades advierten sobre el impacto ecológico. La expansión de esta especie invasora amenaza directamente a fauna nativa como el manatí y la tortuga de río, alterando el equilibrio de los ecosistemas donde se han establecido.
El manejo de estos animales se complica aún más por la imposibilidad de reubicarlos en África, ya que países como Sudáfrica han rechazado recibirlos debido a que no pertenecen a poblaciones originales y presentan alteraciones genéticas.
Ante este panorama, el plan contempla que para el segundo semestre de 2026 alrededor de 80 hipopótamos podrían ser sometidos a eutanasia, dependiendo de su ubicación. El protocolo incluye métodos químicos mediante inyección y físicos mediante disparos controlados por personal certificado, seguidos de un proceso de disposición sanitaria de los cuerpos.
Las autoridades insisten en que se trata de una decisión basada en criterios científicos y de conservación. No intervenir, advierten, implicaría un daño mayor y progresivo a los ecosistemas locales, al tratarse de una especie sin depredadores naturales en el país.