El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que todo acto de corrupción con evidencias será llevado ante los tribunales, al advertir que este tipo de prácticas dentro del sistema de justicia representa una de las formas más graves de corrupción.
“El derecho se vuelve soluble en dinero cuando hay corrupción en el sistema de justicia”, expresó, al subrayar el impacto negativo que esto tiene sobre la seguridad jurídica del país.
Camacho reiteró que la postura del Ministerio Público, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, es firme: no ocultar, no encubrir y no tolerar ningún acto ilícito dentro de la institución.
Sus declaraciones fueron ofrecidas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza Ysis B. Muñiz Almonte conoce la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir sobornos.
El procurador explicó que el caso se basa en una investigación en curso que incluyó una entrega controlada de dinero autorizada por un tribunal, como parte de una estrategia para evidenciar la conducta ilícita. Indicó que el objetivo es recopilar todas las pruebas necesarias para sustentar la acusación formal.
Asimismo, enfatizó que la investigación continuará hasta presentar el expediente acusatorio completo, con todos los elementos probatorios recabados.
La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el 10 de abril de 2026, a solicitud de la defensa, decisión a la que Camacho se opuso al considerar que ya habían tenido tiempo suficiente para preparar sus argumentos.
Por su parte, la procuradora Yeni Berenice Reynoso calificó el caso como grave y reiteró que en la institución se aplicará “todo el peso de la ley” sin importar quién esté involucrado, insistiendo en que se busca garantizar sanciones ejemplares en los casos de corrupción.