El Tribunal Supremo Popular dejó firmes este viernes las sentencias condenatorias dictadas contra el exministro de Economía y exvice primer ministro Alejandro Gil, incluyendo la cadena perpetua por el delito de espionaje, tras rechazar los recursos de apelación presentados por su defensa.
La decisión judicial ratifica dos fallos distintos: uno correspondiente al cargo de espionaje y otro que agrupa múltiples delitos vinculados a corrupción administrativa, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos. En este segundo proceso, el exfuncionario fue condenado a 20 años de prisión, pena que se suma a la cadena perpetua impuesta por traición al Estado.
Gil fue destituido de sus funciones en febrero de 2024 y, semanas después, las autoridades anunciaron su arresto y el inicio de una investigación penal tras detectar irregularidades graves en el ejercicio de sus responsabilidades. En noviembre, el Ministerio Público formalizó una acusación que incluyó once cargos, destacando el espionaje como el eje central del caso.
Considerado durante años una de las figuras más influyentes del gobierno y persona de confianza del presidente Miguel Díaz-Canel, Gil integró el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, convirtiéndose en el funcionario de mayor rango en caer en desgracia en al menos década y media.
El juicio se celebró en noviembre pasado en dos vistas separadas y las sentencias fueron anunciadas a inicios de diciembre. Al declarar firmes los fallos, el alto tribunal sostuvo que el exministro engañó a la dirección del país y causó daños significativos a la economía nacional, además de incumplir de forma grave los protocolos relacionados con el manejo de información clasificada, la cual habría sido sustraída y entregada a servicios extranjeros hostiles.
Los jueces calificaron las acciones de Gil como extremadamente lesivas para la seguridad del Estado, subrayando que la traición a la patria constituye uno de los delitos más graves y amerita las sanciones penales más severas previstas en la ley.
Antes de su caída, Alejandro Gil era uno de los rostros más visibles del gabinete cubano y tuvo un rol protagónico en la implementación de la reforma monetaria de 2021, conocida como la Tarea Ordenamiento, un proceso que eliminó la doble moneda, devaluó significativamente el peso cubano y aceleró la dolarización parcial de la economía.
También encabezó la apertura limitada al sector privado y promovió medidas de ajuste económico, entre ellas el controvertido aumento de los precios de los combustibles, que llegó a registrar incrementos de hasta un 400 %, decisiones que generaron amplio rechazo social.