La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este viernes que la Clínica Abreu entregue en un plazo máximo de 48 horas el expediente médico completo del exsenador Rafael Calderón, imputado en el caso Calamar.
La orden judicial surge luego de que un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informara al tribunal que no fue posible emitir una certificación médica definitiva, debido a la ausencia de la historia clínica y de los estudios complementarios del paciente.
El tribunal instruyó que la documentación sea remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la procuradora Mirna Ortiz, con el objetivo de completar la evaluación médica previamente ordenada. La medida busca garantizar tanto el derecho a la salud del imputado como la continuidad adecuada del proceso penal.
A raíz de esta situación, la jueza aplazó la audiencia para el jueves 18 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, a la espera de que el centro de salud cumpla con la entrega de los documentos requeridos.
El caso Calamar figura entre las investigaciones por corrupción administrativa de mayor complejidad y alcance en la historia reciente de la República Dominicana. El expediente, presentado por la PEPCA, incluye acusaciones contra más de 40 personas físicas y jurídicas, entre ellas exministros, exfuncionarios y empresarios, señalados por su presunta participación en una estructura que habría desviado miles de millones de pesos del Estado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red operaba mediante el uso de instituciones públicas y mecanismos irregulares para canalizar fondos estatales a través de pagos injustificados por expropiaciones, sobornos y contratos simulados. Entre los imputados se encuentran exfuncionarios de alto nivel, acusados de utilizar su posición para facilitar y encubrir el esquema.
El proceso judicial ha enfrentado múltiples aplazamientos, en parte por la presentación de certificaciones médicas de algunos imputados. En el caso específico del exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, estas alegaciones de salud han provocado la suspensión de audiencias mientras se verifica la autenticidad y validez de los documentos médicos aportados.
Paralelamente, el expediente incluye acuerdos de criterio de oportunidad con varios implicados, quienes han optado por colaborar con la investigación a cambio de beneficios procesales y la devolución parcial de recursos al Estado.
Tanto las autoridades judiciales como el Ministerio Público han reiterado la necesidad de avanzar en las etapas del proceso, al considerar que se trata de un caso emblemático para el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles del Estado.