El Senado de la República conformó este martes una Comisión Especial encargada de analizar y estudiar el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, órgano que estará presidido por el senador Franklin Romero.
La propuesta legislativa plantea una reestructuración profunda de la carrera policial, estableciendo tres niveles dentro de la institución: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero. Además, incorpora nuevos protocolos de patrullaje y refuerza los procesos de formación, con énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Según explicaron los miembros de la Comisión para la Reforma Policial, la iniciativa busca modernizar la Policía y adecuarla a las exigencias actuales. Para su elaboración, se realizaron consultas en distintas regiones del país que incluyeron encuentros con empresarios, líderes religiosos y personal policial.
El anteproyecto también introduce mejoras en los mecanismos de supervisión operativa, atendiendo a la prioridad de fortalecer el patrullaje preventivo.
La Comisión Especial quedó integrada por los senadores Pedro Catrain Bonilla, Aracelis Villanueva, Cristóbal Venerado Castillo, Rafael Barón Duluc, Omar Fernández, Santiago José Zorrilla, Moisés Ayala, Ramón Rogelio Genao, Carlos Gómez y Félix Bautista.
De ser aprobada, la nueva normativa derogaría por completo la Ley 590-16, que actualmente regula a la Policía Nacional, así como el Decreto 20-22, que contiene su reglamento de aplicación. También dejaría sin efecto los artículos 21 y 22 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Durante la sesión, los senadores aprobaron además en primera lectura la iniciativa que modifica el artículo 38 de la Ley 590-16 para crear la Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas, propuesta sometida por la senadora Aracelis Villanueva.
Esta última pieza define que la Dirección Central de Investigación (DICRIM) será la encargada de investigar crímenes y delitos bajo la conducción del Ministerio Público, e identificar a los responsables para sustentar los procesos penales correspondientes.