La sociedad comercial GB Group, S.A.S. depositó este jueves una segunda querella con constitución en actor civil contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective”, alegando que ha reincidido en los delitos de difamación e injuria a través de una nueva serie de señalamientos mientras se encontraba en un proceso de negociación judicial.
La nueva acción penal surge luego de que Martínez, aprovechando el reciente apagón ocurrido por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), difundiera en plataformas digitales videos en los que afirmó que “el apagón fue producto de una operación del haitiano Gilbert Bigio”, acusándolo de terrorismo y sabotaje a la seguridad nacional, sin aportar prueba alguna que sustentara tales declaraciones. La querella califica estas acciones como un acto de temeridad manifiesta y mala fe procesal.
De acuerdo con la instancia, el imputado acudió a vistas de conciliación los días 16 de octubre y 6 de noviembre, aparentando buscar un acuerdo, pero durante ese tiempo intensificó su campaña de descrédito, llegando a decir que los querellantes “quieren mi cuerpo o en una cárcel o muerto” y que tendrían que sacarlo del país en “pedacitos”.
La reiteración de estas conductas, en medio de un proceso abierto, complica su situación judicial y podría motivar al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva para impedir que continúe cometiendo el delito, lo que podría llevar a que Martínez pase detenido durante las festividades navideñas.
Se recuerda que esta no es la primera vez que el imputado incurre en este tipo de comportamiento. Su anterior abogado, Carlos Mesa, renunció a la defensa por la imposibilidad de controlar las declaraciones públicas de su cliente, quien insiste en ventilar en los medios lo que, según las autoridades, no ha podido sustentar en los tribunales.
Martínez mantiene su postura desafiante utilizando plataformas como YouTube y Facebook, donde ha emitido expresiones como “sinvergüenza” y “terrorista”, además de difundir informaciones calificadas como falsas y perjudiciales para la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
La nueva querella está sustentada en la presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. A diferencia del proceso anterior, la repetición del comportamiento delictivo mientras se encuentra bajo investigación permite a las autoridades considerar medidas más severas para garantizar que cesen estas acciones, situando a Martínez ante la posibilidad de una inminente privación de libertad.