Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifestó su respaldo a la Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional dejó sin efecto las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo género dentro de los cuerpos uniformados.
Los artículos que quedaron anulados el 210 de la Ley 285 y el 260 de la Ley 3483 contemplaban sanciones de hasta dos años de prisión para oficiales y alistados únicamente por sostener relaciones sexuales con personas del mismo género, sin importar si ocurrían dentro o fuera de sus funciones.
Para la organización, estas regulaciones, procedentes del periodo trujillista, sostuvieron durante décadas una práctica discriminatoria que vulneraba derechos fundamentales de quienes integran las instituciones militares y policiales.
Participación Ciudadana resaltó que el Tribunal reafirma un principio esencial de la Constitución: ninguna autoridad, sea pública o privada, puede limitar derechos basándose en la orientación sexual, un aspecto amparado por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
La entidad consideró que la decisión restablece la supremacía de la Constitución frente a normas desfasadas que habían legitimado desigualdad dentro de las filas policiales y castrenses. También señaló que el fallo fortalece la institucionalidad democrática al exigir que toda normativa interna se ajuste al mandato de igualdad y no discriminación que establece la Carta Magna.
Destacó además que la sentencia confirma que las reglas derogadas no estaban vinculadas a la disciplina institucional ni a los fines legítimos del servicio, sino a prácticas históricas de estigmatización e intromisión en la vida privada del personal.
Participación Ciudadana recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones y exhortó a los organismos de seguridad y defensa a actualizar de inmediato sus reglamentos internos. Finalmente, llamó a la población y a los medios a manejar el tema con información precisa y evitar la desinformación en un asunto que considera clave para la democracia y los derechos humanos.