El Ministerio Público dio a conocer los resultados de una investigación que confirmó la operación de una Organización de Transporte de Drogas (OTD) que manejaba envíos de grandes cargamentos de narcóticos desde las regiones Este y Sur del país. Según las autoridades, los estupefacientes ingresaban por las costas de Barahona y luego eran despachados hacia Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y distintos puntos de Europa.
La solicitud de medida de coerción establece que esta red logró penetrar el puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, apoyándose en empleados de seguridad, personal portuario, transportistas, técnicos de reparación de contenedores y operadores de grúas. La estructura habría creado un entramado operativo que les permitía introducir la droga sin ser detectados.
El expediente detalla que uno de los métodos consistía en entregar la mercancía a miembros del personal de seguridad del puerto fuera de las instalaciones, quienes la ingresaban en vehículos particulares para evadir los controles más estrictos de acceso. Otro mecanismo utilizado era la instalación de caletas en los camarotes de camiones que entraban al recinto, en ocasiones con la colaboración de operadores de las máquinas de rayos X que omitían alertas sospechosas. También se habrían aprovechado contenedores vacíos de retorno y áreas sin cámaras para introducir personal que participaba en la contaminación de los cargamentos.
Una vez dentro del puerto, la droga era escondida temporalmente en la zona conocida como Empty Depot o “el desierto”, desde donde luego se procedía a contaminar los contenedores previamente seleccionados. Para no levantar sospechas, los miembros de la organización clonaban los precintos oficiales de seguridad, evitando así inconsistencias en los registros.
Finalmente, los contenedores intervenidos eran movilizados con grúas RTG y cargados a los buques mediante grúas pórtico, culminando el proceso de exportación de los cargamentos hacia los destinos previstos.
La red operaba con una estructura jerárquica que incluía roles definidos, comunicaciones cifradas, pago sistemático de sobornos y una red de colaboradores internos y externos. Su operación era transnacional, con coordinación directa hacia puertos estratégicos de Norteamérica y Europa. Además, parte de las ganancias eran blanqueadas mediante la adquisición de bienes de alto valor y negocios utilizados como fachada.
Entre los imputados identificados figuran José Augusto Rodríguez Sánchez, Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Feliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Amancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditrén (El Brujo), Mauricio Josué Castillo, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis / El Compadre), José Alberto López Alcántara (Bururún), junto a otros que continúan prófugos.
Los operativos que permitieron desmantelar parte de esta estructura se llevaron a cabo después de meses de investigación y seguimiento. Estas labores condujeron a la incautación de 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre, en una acción conjunta entre el Ministerio Público, la DNCD y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo.
Las detenciones se realizaron en 36 allanamientos ejecutados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en diferentes sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo (incluyendo Boca Chica) y San Pedro de Macorís.