La Fiscalía de Barahona, en conjunto con el Departamento de Seguridad del Banco de Reservas y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIM), informó sobre el arresto de dos empleados de la sucursal del Banreservas en Barahona, acusados de haber sustraído casi 30 millones de pesos de la entidad bancaria.
Los apresados fueron identificados como Ángel Adriano Báez (Ángel), de 26 años, y Deuris Misael Florián Matos, de 31. De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos estarían implicados en un desfalco superior a los RD$29 millones, detectado tras una investigación conjunta entre la institución financiera y las autoridades judiciales.
El operativo de captura se realizó alrededor de las 11:15 de la mañana del lunes 20 de octubre, como parte de las acciones coordinadas para esclarecer el caso.
Cómo se descubrió la irregularidad
El informe policial detalla que la Dirección de Seguridad del Banreservas, a través de su área de auditoría interna, identificó movimientos fuera de lo habitual en la sucursal ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez No. 21 (antigua Uruguay), en Barahona.
El monitoreo se llevó a cabo mediante el sistema “Teller”, donde se detectó un patrón irregular en las operaciones del oficial de caja Florián Matos. Durante la revisión, se comprobó que el 4 de julio de 2025 el empleado generó dos traspasos de efectivo por RD$10.8 millones y RD$13 millones, sin que los montos quedaran reflejados en el sistema contable.
Ante la sospecha de un fraude, se ordenó una auditoría interna completa, la cual llevó a la emisión de la orden de arresto No. 2025-AJ0070223, ejecutada por agentes de la Policía Nacional con apoyo del personal de Operaciones del Banreservas.
Investigación en desarrollo
La Fiscalía de Barahona y el Ministerio Público profundizan las pesquisas, ante la posibilidad de que exista una red interna involucrada en la sustracción sistemática de fondos.
Por el momento, los dos acusados permanecen bajo custodia y serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente para el conocimiento de medidas de coerción.