Un tribunal del Distrito Nacional decidió enviar a juicio a los miembros de la red desarticulada mediante la Operación Gaviota, la cual funcionaba bajo un esquema piramidal que movió más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 personas.
De acuerdo con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, entre 2020 y 2024 la estructura operó bajo el nombre Investor Winner, ofreciendo supuestos beneficios mensuales de entre un 10 % y un 30 %, con la falsa promesa de inversiones bursátiles legítimas.
El tribunal, al considerar suficientes las evidencias, dictó auto de apertura a juicio contra los principales señalados: Rafael Martínez Batista, su pareja Eridania García Veloz de Martínez, y otros 20 acusados. Para ejecutar los fraudes, los imputados utilizaron empresas como IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L. e Investor Winner IW S.R.L., además de cooperativas y sociedades ficticias.
Las investigaciones demostraron que dichas entidades no tenían registros ni autorizaciones de la Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores, y que nunca realizaron inversiones reales en mercados internacionales. En su lugar, aplicaban un esquema Ponzi, donde los primeros inversionistas recibían pagos con el dinero de los nuevos participantes.
La red promocionaba estas supuestas oportunidades en redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, y para reforzar su credibilidad falsificaban estados financieros.
Cuando el sistema comenzó a desplomarse, los acusados vendieron acciones, abandonaron sus domicilios y se trasladaron a provincias como Dajabón y Azua, e incluso algunos salieron del país para evadir a la justicia.
El tribunal calificó los hechos como violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (estafa por medios electrónicos), asociación de malhechores, intermediación financiera ilegal, captación ilícita de fondos y lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público presentó más de 650 pruebas, incluyendo testimonios, peritajes financieros, análisis de informática forense y documentos que, según la acusación, sustentan de manera robusta el caso contra los implicados.