En medio de la crisis haitiana, el Consejo Económico y Social (CES) presentó este martes un informe en el que sugiere la regularización de trabajadores extranjeros en el país.
La propuesta recibió un fuerte rechazo por parte del diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Jesús Batista Suriel, quien la calificó como una “crónica de una muerte anunciada”.
Suriel recordó que, en experiencias anteriores, los intentos de aplicar planes de regularización en la República Dominicana han fracasado, dejando más problemas que soluciones. Según él, el hecho de que muchos haitianos ni siquiera cuenten con documentos básicos, como actas de nacimiento, evidencia que las propuestas del CES no responden a la realidad del problema.
“El diputado fue enfático al señalar que la raíz de la crisis está en Haití y no en República Dominicana. “Los problemas de Haití deben resolverse en Haití”, reiteró.
Asimismo, pidió que el CES envíe un mensaje claro a la sociedad dominicana: ninguna salida viable a la crisis puede surgir desde territorio dominicano.
“La soberanía nacional no puede ser sacrificada en aras de presuntos beneficios económicos, y es vital que se comprenda esta realidad de una vez por todas”, subrayó el legislador.
Suriel instó a la puesta en marcha de políticas de Estado más firmes en materia de seguridad, defensa y política exterior, advirtiendo que el colapso de Haití como Estado demanda acciones más allá de simples declaraciones.
“No podemos quedarnos en la retórica; necesitamos acciones concretas y efectivas”, expresó, al tiempo que reiteró la necesidad de un Pacto de Nación que permita afrontar la crisis haitiana con una visión integral y responsable.
El dirigente de la FNP señaló que la República Dominicana ya ha asumido costos elevados en intentos pasados, recordando que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros representó un gasto aproximado de 55 millones de dólares. “Es algo que indigna y parte el alma”, manifestó.
En su conclusión, Suriel advirtió que el país no debe hipotecar su soberanía a cambio de promesas económicas de corto plazo.
“Cambiar nuestra soberanía por promesas de empleo o beneficios económicos efímeros es inaceptable”, sentenció.