El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la noche del jueves la fuerza del proceso judicial derivado de la Operación Lobo, resaltando que todos los imputados, tanto civiles como militares —activos y en retiro— quedaron bajo medidas de coerción, y el caso fue declarado complejo por la justicia.
“Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad”, afirmó Camacho durante declaraciones posteriores a la audiencia, aunque también expresó su preocupación por la falta de coherencia entre el discurso y las acciones del Poder Judicial en torno a los acuerdos penales.
Camacho lamentó que, a pesar de que desde el Poder Judicial se impulsa la celebración de acuerdos de colaboración, en la práctica —según indicó— se toman decisiones que desincentivan su realización.
“Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica. Y vamos a seguir firmando acuerdos con quienes cooperen con la justicia”, subrayó el procurador.
Corrupción y sobornos en instituciones públicas
Camacho aseguró que la red de corrupción desmantelada es solo una parte del esquema, y advirtió que podría venir una nueva etapa de investigación, denominada “Lobo 2.0”, ya que existen más evidencias sobre pagos ilícitos vinculados a contratos de seguridad en instituciones estatales.
Medidas impuestas por la justicia
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó arresto domiciliario para los cinco acusados que admitieron los hechos, entre ellos:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González (empresario)
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal (civil)
- Coronel Andrés Pacheco Varela (Ejército)
- Coronel Ramón Quezada Ortiz (Policía Nacional)
- Primer teniente Wellington Peralta Santos (Ejército)
A su vez, otros cinco imputados que no aceptaron su responsabilidad también recibieron arresto domiciliario, con impedimento de salida del país por riesgo de fuga:
- Mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz
- Coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio
- Coronel Francisco Guarín Fernández
- Coronel Elías Camaño Pérez
- Coronel Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
Instituciones afectadas
La supuesta red de corrupción habría impactado negativamente a instituciones clave como el Inaipi, Senasa y las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Cargos imputados
Los acusados enfrentan cargos por soborno, estafa al Estado, asociación de malhechores y lavado de activos, conforme a múltiples artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución de la República y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de fiscales que participó en la audiencia estuvo encabezado por Wilson Camacho y conformado por Mirna Ortiz (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.