Con el objetivo de asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) ha ejecutado, en lo que va del 2025, un total de 50 auditorías específicas en nóminas y 11 auditorías generales en ayuntamientos y juntas distritales, como parte de su plan para depurar y reorganizar las estructuras de personal en estos organismos.
El contralor general, Félix Santana García, destacó que estos esfuerzos no solo promueven una gestión eficiente, sino que también refuerzan la legitimidad de las autoridades locales al fomentar una cultura de rendición de cuentas ante los ciudadanos.
Santana indicó que entre los objetivos de estas auditorías se incluyen la correcta aplicación de beneficios laborales, el cumplimiento de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la verificación de registros ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la supervisión de ayudas y donaciones entregadas por los gobiernos locales.
Asimismo, resaltó los avances logrados en materia de fiscalización gracias a la incorporación de nuevas estrategias orientadas a ampliar el alcance de las auditorías, en línea con las directrices establecidas por la Presidencia de la República.
Como parte de estas acciones, la Contraloría también implementó un programa de auditorías especiales en áreas de alto riesgo o de gran impacto en instituciones sujetas a la Ley 10-07. A la fecha, este plan se está desarrollando en nueve entidades gubernamentales, junto a otras 22 auditorías generales, sumando 31 procesos de control dentro del Gobierno central.
Además, la institución emitió la Circular IN-CGR-CIR-2025-0003, que establece lineamientos para contratar firmas externas especializadas en auditoría interna y consultoría, en entidades autónomas, descentralizadas y empresas públicas no financieras o del sector de seguridad social. Esta medida permitirá que el personal técnico de la Contraloría se concentre en los entes del Gobierno central, mientras se amplía la cobertura en el resto del aparato estatal.
Por último, Santana subrayó que se han reforzado los mecanismos de seguimiento para asegurar que las recomendaciones surgidas de auditorías anteriores sean implementadas de manera efectiva. Estas acciones han permitido mejoras en el control interno de las instituciones, integración con plataformas digitales como CUT, SIGEF y SASP, la elaboración de estados financieros, depuración de nóminas, instalación de unidades internas de auditoría y la regularización de propiedades del Estado.