Santo Domingo, R.D. – El abogado Miguel Valerio, representante legal de Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set Club, declaró este viernes que su cliente debería permanecer en libertad, ya que a su juicio “no hubo intención” en el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.
“La medida más apropiada es la libertad porque no hubo intención en lo que pasó, no lo hubo”, expresó Valerio ante los medios, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se encuentran detenidos desde el jueves. Ambos son investigados por el Ministerio Público por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El Ministerio Público alega que los imputados incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no realizar las intervenciones necesarias en la estructura del techo del local, a pesar de estar advertidos sobre su deterioro.
Supuestos intentos de intimidación
La orden de arresto también señala que los hermanos Espaillat habrían intentado intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que administraba la discoteca, con el objetivo de influir en posibles testigos del proceso judicial.
Advertencias previas y omisiones
Este viernes fue interrogado nuevamente Gregory Adames, empleado del Jet Set, quien presuntamente advirtió a Espaillat sobre el mal estado de la infraestructura y recomendó no realizar el evento musical del 8 de abril, que tuvo como figura principal al merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el lugar.
En una entrevista concedida el pasado 23 de abril, Antonio Espaillat admitió públicamente que los plafones del techo “siempre se caían” y que incluso el mismo día de la tragedia fueron reemplazados algunos paneles. Sin embargo, reconoció que nunca se hizo una inspección técnica formal del techo, a pesar de las filtraciones.
Más de 80 acciones legales
Hasta la fecha, los familiares de las víctimas han depositado alrededor de 80 acciones legales contra los propietarios del Jet Set Club, entre querellas penales y demandas civiles por indemnización.
El Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas desde el arresto para solicitar formalmente las medidas de coerción ante el juez de atención permanente. La expectativa se centra en si los imputados permanecerán detenidos o enfrentarán el proceso en libertad.