INDEPENDENCIA.- El Ministerio Público apelará la sentencia del Tribunal Colegiado que sentenció a un ciudadano haitiano a 10 años de prisión por la muerte de su padrastro de la misma nacionalidad, a pesar de que la Fiscalía de esta provincia solicitó la pena máxima de 30 años en prisión, después de que él demostró con diferentes testimonios que cometió asesinato.
Expresó su desacuerdo con la sentencia a Suafel Agustín por la muerte de Ferner Fransua, luego de que el tribunal cambiara la calificación legal de asesinato que le otorgó la Fiscalía de Independencia, dirigida por el juez Soni Adriano Rosario José, a homicidio voluntario.
Suafel Agustín, que se encuentra en prisión en la prisión pública de Neyba, en Bahoruco, fue declarado culpable de violar los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público afirmó que durante el juicio demostraron con pruebas contundentes que el campamento planeó y materializó el asesinato de Ferner Fransua presuntamente por una deuda económica. El incidente ocurrió el 23 de marzo en una propiedad en esta provincia donde trabajaba la víctima.
Con respecto a la sentencia, dijo que una vez que se notifica, la Oficina del Fiscal de la Independencia procederá con su apelación porque el tribunal no tuvo en cuenta los testimonios presentados por personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió. El hecho desafortunado.
Los testigos explicaron durante el juicio que el acusado el día del asesinato acechó a la víctima, esperaba que llegara a la propiedad donde trabajaba y posteriormente le causó varias heridas de arma blanca y golpes con palos y piedras que causaron su muerte, siendo demostró ante el tribunal que hubo premeditación y acoso antes de que se cometiera el delito del Sr. Ferner Fransua.
En el mismo orden, los testigos expresaron que un mes antes de cometer el asesinato, el autor había golpeado al difunto hoy y le advirtió que le quitaría la vida.
La institución de persecución expresó que trabaja por la justicia, destacando en ese sentido que se mantendrá firme en sus propósitos de garantizar que se imponga la pena máxima de 30 años de prisión según lo establecido por el Código Penal dominicano en estos casos.