Docenas de policías del contingente de asalto rodean el Congreso del Perú. La Plaza Mayor, símbolo del poder político y religioso, sede del Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana de Lima, permanece cerrada. Un grupo de marchas uniformadas junto a la fuente central. Un grupo de agentes custodia el Tribunal Constitucional. Estos lugares, en el centro de la capital, son los tres engranajes de la crisis que comenzó el lunes pasado después del cierre del Parlamento ordenado por el presidente, Martín Vizcarra. Pero también son los únicos que ofrecen una imagen de excepcionalidad. El país todavía está instalado en su rutina a pesar de la enorme tensión entre el Gobierno y la Fuerza Popular, la formación fujimorista que junto con los bancos de la derecha dominaron la Cámara.
"Los grandes culpables están allí, son los chupasangres del Congreso", dice Alfonso Estévez, señalando a la distancia el asiento del poder legislativo. Este jubilado de 69 años, un ex trabajador en el sector minero, cree que siempre fue así, pero la situación se precipitó hace tres años, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó el mínimo contra Keiko Fujimori, quien obtuvo el control del Parlamento. El primero tuvo que renunciar a la presidencia después de su conexión con el Caso Odebrecht y está bajo arresto domiciliario, mientras que el líder de la oposición está ahora bajo custodia acusado de lavado de dinero. El intento de su partido y sus aliados de forzar el nombramiento de jueces de ideas afines y asumir el control del Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre varios escándalos de corrupción, hizo que Vizcarra tomara esa decisión invocando un artículo de la Ley Fundamental. Un paso drástico, incluso descrito como "golpe de estado" por parte de los líderes de las fuerzas de oposición, pero que no se ha reflejado en el funcionamiento general del país. “La población está tranquila. Ha venido en apoyo del presidente por el puesto que tomó ”, agrega Estévez.
La sociedad peruana, muy polarizada y harta de la corrupción política, también recuerda lo que sucedió el 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori, el padre de Keiko, disolvió el Parlamento y asumió el control del poder judicial. Ese auto golpe dio paso a un régimen corrupto que perseguía a los opositores y estaba contaminado con graves violaciones de los derechos humanos. Esos días fueron grabados en la memoria de quienes fueron testigos directos y los más jóvenes son conscientes de que esta fue una de las etapas más oscuras de la historia reciente del Perú. Lo que sucedió esta semana, sin embargo, es muy diferente. Debido a las premisas y porque la decisión del presidente ahora está en manos de la Constitución, que determinará su legalidad.
“Esto es diferente al del año 92, el de Fujimori. La gente es normal. Luego hubo militares, en ese momento todo estaba restringido. Ha sido una decisión democrática ”, dice Jean Kevin Herrera, un estudiante de ingeniería de sistemas de 24 años en la Universidad Nacional del Callao. Después del anuncio de Vizcarra, quien recibió el apoyo de tres fuerzas armadas y la Policía, hubo movilizaciones ciudadanas. Ante la situación, muchos peruanos piden que "todos se vayan", es decir, que convoquen elecciones presidenciales y parlamentarias y que comiencen desde cero. Por ahora, habrá elecciones legislativas el 26 de enero para renovar la Cámara. Y la decisión de la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, de rechazar la comisión dada por la mayoría de la oposición del Congreso para reemplazar al presidente, que fue destituido simbólicamente, contribuyó a calmar las aguas un poco después de horas de máxima tensión. Según Herrera, fue un error del Parlamento. "Está alterando las funciones y eso es un crimen".
El centro de Lima es algo más desalmado que un día normal de negocios. Frente a una de las entradas del Congreso, Lucía, de 45 años, ordena a la prensa en un quiosco. "En estos días, el negocio ha caído porque todo estaba estancado, no hay clientela", lamenta. Sin embargo, también en su opinión, el cierre de la Cámara fue exitoso. "El pueblo también se cansa", dice. "Veamos cuántos días dura esta incertidumbre".
Mientras tanto, cumpliendo con las disposiciones de la Constitución, el nuevo Gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, hizo un juramento el jueves con los 10 nuevos miembros de las 18 carteras ejecutivas. Fue la primera aparición pública de Vizcarra después de su anuncio de disolución del Parlamento. Sin embargo, no habló y simplemente hizo un juramento.
El presidente ahora tiene dos políticos de su total confianza, Zeballos y Edmer Trujillo, quienes han regresado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En tres carteras complicadas de servicio público – Educación, Salud e Interior – ha mantenido los mismos funcionarios; En economía, la jefa de estado designó a María Antonieta Alva, una joven tecnócrata con experiencia en dos ministerios, María Antonieta Alva. La nueva Ministra de Justicia es María Teresa Revilla, una jurista que hasta el último día ocupó un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la nueva Ministra de Relaciones Exteriores es el embajador de carrera Gustavo Meza-Cuadra.
Oposición atrincherada
Mientras el Ejecutivo toma medidas hacia la normalidad, la oposición parlamentaria atrincherada en la Comisión Permanente del Congreso insiste en resistir el cierre de ese poder estatal. El miércoles por la tarde, acordó presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de jurisdicción que evalúe si el decreto de disolución está de acuerdo con la ley.
Sin embargo, los expertos y parlamentarios del Banco Permanente que no sean Fuerza Popular y el Partido Aprista señalan que este cuerpo legislativo no tiene entre sus poderes presentar tales solicitudes ante el Tribunal Superior. Además, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha insistido ante el Tribunal Constitucional para incorporar al nuevo magistrado de esa instancia que el Congreso eligió el lunes, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, su primo. Los congresistas y ex congresistas y funcionarios de izquierda han enfatizado que tan pronto como la oposición votó por el nuevo magistrado el lunes, presentaron un desafío y una solicitud de reconsideración de un voto a favor atribuido a un parlamentario que se abstuvo de votar para sentarse a El hemiciclo en protesta. La resolución del Congreso sobre el nombramiento de Ortiz de Zevallos no ha sido publicada en el periódico oficial para que sea efectiva.