El presidente Luis Abinader promulgó la Ley núm. 1-25, que actualiza la Ley núm. 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para alinearla con la Constitución reformada el 27 de octubre de 2024. Entre las principales modificaciones, se establece que el procurador general de la República ya no será designado unilateralmente por el presidente, sino propuesto al CNM para su aprobación. Esto también aplica para la elección de siete procuradores adjuntos.
La ley incorpora al presidente del Tribunal Constitucional como miembro del CNM, reemplazando al procurador general, cambio introducido tras la reforma constitucional. Además, el CNM deberá aprobar un reglamento para implementar estas disposiciones y proceder con la designación de las máximas autoridades del Ministerio Público, evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia, y llenar vacantes en este órgano.
A partir de julio, el CNM también estará encargado de evaluar y designar a los miembros del Tribunal Superior Electoral, en cumplimiento de las nuevas normativas. Este cambio busca fortalecer la independencia de las instituciones y garantizar la participación de diversos sectores políticos en estos procesos.