El Parlamento de Corea del Sur aprobó la destitución del presidente Yoon Suk-yeol con 204 votos a favor, incluyendo al menos 12 de su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular (PPP). Esto ocurrió debido a la controvertida declaración de la ley marcial por parte de Yoon el pasado 3 de septiembre, considerada una posible violación de la Constitución. Tras la destitución, el primer ministro Han Duck-soo asumió de manera interina como jefe de Estado y Gobierno mientras el Tribunal Constitucional tiene hasta 180 días para confirmar o revocar la decisión parlamentaria.
Si el Tribunal Constitucional ratifica la destitución, Yoon sería el segundo presidente surcoreano inhabilitado en democracia, después de Park Geun-hye en 2017. En caso de ser declarado culpable de insurrección, Yoon podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, ya que este delito no está cubierto por la inmunidad presidencial.
En Seúl, miles de personas celebraron la decisión fuera del Parlamento, utilizando bastones luminosos como símbolo de protesta y victoria. Los líderes de la oposición calificaron el resultado como un logro para la democracia. Mientras tanto, Yoon y otros altos cargos enfrentan investigaciones por delitos como insurrección, abuso de poder y amotinamiento, con prohibiciones de salida del país y medidas cautelares para algunos implicados.