La legislatura de Texas revisará en enero un proyecto de ley que tiene como objetivo dificultar aún más el acceso a las píldoras abortivas en el estado, que ya posee una de las leyes más restrictivas en el país en cuanto al aborto.
Este mes, el legislador republicano Pat Curry presentó una propuesta para clasificar la mifepristona y el misoprostol, dos medicamentos comúnmente utilizados para interrumpir el embarazo en sus primeras etapas, como sustancias controladas. Esta clasificación, que se aplica a drogas potencialmente adictivas, permitiría al estado ejercer mayor control sobre la distribución y uso de estos medicamentos.
Texas prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación, antes de que muchas personas puedan saber que están embarazadas. Esta restricción se implementó después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara en 2022 la sentencia Roe vs. Wade, que hasta ese momento protegía el derecho al aborto en todo el país.
Además de su uso en abortos, la mifepristona y el misoprostol son fundamentales para tratar los abortos espontáneos. El misoprostol también se emplea para inducir el parto y para controlar hemorragias tras el parto.
El proyecto de ley será considerado cuando la legislatura de Texas se reúna en enero de 2025.
En Luisiana, un estado vecino de Texas con un gobierno republicano, se aprobó una legislación similar, lo que generó una gran cantidad de críticas de profesionales de la salud. Un grupo de médicos y activistas presentó una demanda contra la reclasificación de estos medicamentos, alegando que pone en peligro la vida de quienes los requieren para diversos tratamientos médicos.
Desde que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, revocara la protección constitucional del aborto en 2022, numerosos estados han adoptado leyes más restrictivas. En 14 estados, el aborto es completamente prohibido o limitado a las seis semanas de gestación, mientras que otros siete han establecido restricciones adicionales y reducido los plazos. En la mayoría de estos 21 estados no existen excepciones en casos de violación o incesto, y solo se permite el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, lo que ha generado gran preocupación entre los médicos, quienes podrían enfrentar largas penas de prisión, hasta 99 años, por realizar un aborto.