La orden departamental número 22/2023 del Ministerio de Educación establece un Código de Ética para regular las relaciones entre docentes, personal administrativo y estudiantes en los centros educativos preuniversitarios. Este reglamento aborda conductas inadecuadas y establece sanciones claras, incluyendo la desvinculación sin indemnización para casos graves, como el reciente incidente en Quisqueya, San Pedro de Macorís, donde maestros están acusados de violar a una menor de 13 años y de encubrir el delito.
Sanciones y regulaciones clave:
- Desvinculación sin indemnización:
- Delitos graves: Se aplicará a maestros imputados o condenados por delitos como violación sexual, acoso, abuso deshonesto, violencia intrafamiliar, o embarazar a una estudiante.
- Caso Quisqueya: Cinco personas han sido suspendidas, incluyendo a los dos maestros acusados, uno de los cuales, Fernando Altagracia Peña Eusebia, ya está bajo custodia.
- Relaciones estrictamente académicas:
- Se prohíbe que docentes y personal administrativo interactúen con estudiantes fuera del horario o espacios escolares, salvo por razones justificadas relacionadas con la salud integral del estudiante.
- Está prohibido tratar temas personales durante el horario de recreo.
- Uso de herramientas tecnológicas y redes sociales:
- Solo pueden emplearse con fines educativos. Cualquier uso diferente a la formación académica está estrictamente prohibido.
- Prohibición de favoritismos:
- No se permite que los maestros hagan regalos a los estudiantes.
- En la medida de lo posible, los docentes no deben impartir clases a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
- Sanciones progresivas:
- Dependiendo de la gravedad de la falta, se pueden imponer amonestaciones orales o escritas, suspensiones temporales de hasta 30 días o la desvinculación definitiva del cargo.
Impacto en el sistema educativo:
Este Código de Ética busca reforzar los principios de profesionalismo, respeto y seguridad en los centros educativos, estableciendo límites claros para prevenir el abuso de poder y proteger los derechos de los estudiantes. Además, promueve un entorno libre de discriminación y cualquier forma de violencia, al tiempo que fomenta la transparencia y responsabilidad en las relaciones educativas.
El caso de Quisqueya pone de relieve la necesidad de implementar y supervisar estas normas estrictamente, garantizando que las sanciones se apliquen con firmeza para prevenir futuras violaciones y restaurar la confianza en el sistema educativo.