Faltando menos de un mes para las elecciones, la campaña de Donald Trump todavía no ha participado en el proceso oficial de transición presidencial del Gobierno, una ruptura significativa con la práctica del pasado que podría amenazar la transferencia fluida del poder en caso de que el candidato republicano gane las elecciones.
El equipo de Trump ha incumplido dos plazos clave para firmar acuerdos con la administración establecidos por la ley federal y tampoco ha firmado un plan de ética necesario para poner en marcha el proceso de planificación de una nueva administración. Los representantes de Trump sí asistieron a una reunión en la Casa Blanca el mes pasado, pero por lo demás han tenido poca comunicación con el gobierno de Biden sobre el traspaso y se han saltado la oportunidad de recibir sesiones informativas sobre seguridad nacional.
El enfoque de Trump supone un cambio claro, aunque no del todo inesperado, de la forma en que los anteriores candidatos presidenciales se prepararon para asumir el control de la vasta burocracia federal. Parece estar guiado, al menos en parte, por la profunda sospecha y desconfianza del candidato hacia el gobierno que se postula para dirigir.
Los expertos señalan que Trump también puede tener otros incentivos. Su negativa a firmar los documentos le permite eludir las normas de recaudación de fondos que imponen límites a las contribuciones privadas al esfuerzo de transición, así como las normas éticas destinadas a evitar posibles conflictos de intereses en la administración entrante.
Representantes del equipo de transición de Trump, conocido formalmente como Trump Vance 2025 Transition Inc, dijeron que sus abogados seguían negociando con el gobierno de Biden los términos de los acuerdos.
Los abogados de ambas partes “siguen participando constructivamente” en las conversaciones, dijeron Howard Lutnick y Linda McMahon, los copresidentes de la transición de Trump, en una declaración a The New York Times. “Cualquier insinuación de lo contrario es falsa e intencionadamente engañosa”.
El equipo de transición de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ha firmado los tres documentos, según funcionarios de la Casa Blanca.
El proceso formal de transición, dictado por la Ley de Transición Presidencial, se ha considerado tradicionalmente no partidista. Los candidatos suelen empezar a crear equipos incluso seis meses antes del día de las elecciones para iniciar el largo trabajo de investigar y contratar a miles de cargos políticos y crear agendas políticas, al tiempo que se coordinan directamente con la administración actual para garantizar que las agencias funcionen sin problemas durante el cambio.
Al retrasar ese proceso, el equipo de Trump se ha quedado sin algunos servicios gubernamentales y, potencialmente, sin millones de dólares en financiación. También ha impedido, al menos por ahora, que los ayudantes obtengan las autorizaciones de seguridad necesarias para poder revisar los registros federales.
“Una transición eficaz lleva a una administración eficaz. Conduce a una mejor dotación de personal, una mejor organización y a que el país sea más seguro y sólido”, dijo Heath Brown, profesor de políticas públicas en el John Jay College, quien escribió un libro sobre la transición del gobierno de Biden. “Creo que el equipo de transición de Trump no está seguro de hasta qué punto quiere seguir las reglas”.
Trump ya ha roto antes las convenciones en este frente. En 2016, su campaña organizó lo que parecía un proceso de transición estándar. Pero tras la jornada electoral, Trump cambió bruscamente de rumbo, despidiendo a la cúpula de su equipo de transición y cortando las comunicaciones con el gobierno de Obama.
Cuatro años después, el gobierno de Trump se ciñó estrechamente al guion estándar de transición hasta inmediatamente después de las elecciones, cuando la Administración General de Servicios —que supervisa gran parte del proceso— siguió el ejemplo del presidente Trump al negarse a reconocer su derrota. Durante casi tres semanas, su gobierno congeló el dinero destinado al candidato ganador e impidió las comunicaciones entre el equipo de transición de Biden y las agencias federales.
Dada esa inestable historia reciente, el Centro para la Transición Presidencial, una organización no partidista sin fines de lucro, publicó una carta abierta en marzo instando a ambas partes a comenzar a planificar temprano, señalando que “es muchísimo lo que está en juego en la próxima transición”.
Trump no nombró a los líderes de su equipo de transición hasta mediados de agosto, meses después de cuando lo hacen normalmente los principales candidatos. Menos de una semana después, declaró al tabloide británico The Daily Mail que rechazaría las reuniones informativas sobre seguridad nacional, alegando que no confiaba en el gobierno de Biden.
“No necesito esa sesión informativa”, dijo Trump. “Vienen, te dan un informe y, dos días después, lo filtran y luego dicen: ‘Tú lo filtraste’”.
En 2017, los abogados de Trump acusaron a la Administración de Servicios Generales de entregar indebidamente miles de correos electrónicos de la transición de Trump de 2016 al abogado especial Robert S. Mueller III como parte de su investigación sobre las acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones. Para hacer frente a esas preocupaciones, la agencia añadió este año un nuevo texto a sus acuerdos propuestos, en el que establece que no compartirá los registros de los equipos de transición con terceros sin consentimiento por escrito.
Aunque la fecha límite para firmar ese documento, conocido como memorando de entendimiento, era el 1 de septiembre, el equipo de Trump no lo ha firmado. Según sus términos, la Administración de Servicios Generales ofrece espacio de oficinas, apoyo tecnológico y una variedad de otros servicios a ambos candidatos, así como hasta 7,2 millones de dólares en financiación al presidente electo para ayudar a cubrir los gastos de personal, viajes y otros costos.
Esta ayuda viene con una obligación considerable: para recibirla, cada equipo de transición debe aceptar revelar sus donantes privados e imponer un límite de 5000 dólares a las contribuciones de individuos u organizaciones.