En México, los actores políticos se amenazan mutuamente con utilizar el recurso constitucional de "desaparición de poderes" para eliminar, del congreso federal, a algunos gobernadores cuyos estados sufren graves crisis de violencia e inseguridad. Lejos de ayudar a resolver el problema, esta propuesta nos impide comprender las causas de la crisis de gobernanza que sufren varias entidades en el país. La violencia criminal descontrolada es solo una de las manifestaciones del problema central de esta fase histórica: la ausencia de instituciones democráticas operativas, vacío que se expresa en violaciones sistemáticas de la ley por parte de los poderes del Estado, falta de capacidades técnicas y operativas. y capacidades políticas en las clases dominantes y ausencia de mecanismos de control ciudadano sobre los excesos de la clase política. Persisten regímenes subnacionales híbridos y un gobierno federal fragmentado, todos caracterizados por un estado precario. Estas condiciones cuestionan la narrativa del "cambio de régimen".
Veracruz, un estado gobernado por Cuitláhuac García, un político inexperto, pero muy cercano al presidente, es un ejemplo de los problemas de la "cuarta transformación" en los gobiernos locales. Aquí, los actores de los tres poderes del Estado se comportan arbitrariamente. El caso más reciente ha sido la "suspensión temporal" del fiscal Jorge Winckler por parte de la Diputación Permanente del Congreso local, que según la constitución carece de ese poder. Ciertamente, el fiscal era un funcionario frívolo e incapaz, cuya única virtud de ser nombrado hace dos años era su lealtad al entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, de quien era abogado personal. Pero eso no hace que la violación de la ley sea aceptable para descartarla.
A pesar de haber construido una mayoría calificada en el Congreso utilizando el viejo método de transferir políticos de todos los partidos a su coalición, Morena no pudo llevar a juicio político contra Winckler, la única forma legal de remover a un fiscal de su puesto "autónomo" designado para nueve años El faccionalismo interno en Morena y la falta de autoridad del gobernador hicieron este recurso políticamente inviable.
Este no es el único problema. El gobernador no ha propuesto candidatos para 13 vacantes de magistrados en la Corte Superior de Justicia, que ha estado operando de manera irregular durante más de un año, ya que carece de casi la mitad de sus miembros. Dentro de la corte hay escándalos por fraude en la disputa sobre las presidencias de los pasillos. Por otro lado, ha habido informes de desaparición forzada en el actual gobierno atribuible a la policía estatal, sin que se haya hecho nada para castigar a los responsables. La defenestración ilegal del fiscal parece haberse acelerado para evitar un escándalo por desapariciones y para administrar información sobre crímenes y crímenes cometidos en el estado. El jefe temporal de la oficina del fiscal "autónomo" carece de un perfil para el puesto, pero está cerca del Secretario de Gobierno. Mientras tanto, las agencias de apoyo a las víctimas continúan sin presupuesto y sin operaciones. Estos actos y omisiones reprensibles contradicen las promesas de un gobernador que tuvo el mérito de haber puesto el problema de las personas desaparecidas en primer lugar en su agenda.
Ciertamente, ni Veracruz ni el resto del país han tenido algo parecido a un estado de derecho. Lo que observamos hoy es la continuidad con el pasado, no el comienzo de algo nuevo. El gobierno de Cuitláhuac García demuestra que la buena voluntad para gobernar no es suficiente. La falta de cuadros con experiencia administrativa y política ha producido un gobierno de bajo perfil con poca capacidad política, que carece de disciplina y liderazgo, y un congreso dominado por políticos capacitados en primer plano, y convertido al morenismo por conveniencia, cuyas prácticas son siempre las mismas. . El poder judicial sigue en manos de los magistrados nombrados en gobiernos anteriores, y la mayoría de ellos llegaron al poder por decisión de los gobernadores, no por méritos profesionales. Morena parece no tener tablas de reemplazo ahora que puede modificar la composición del Tribunal Superior. Las organizaciones autónomas están políticamente delimitadas o colonizadas por personajes cercanos al nuevo grupo en el poder, como siempre ha sucedido. Por ahora, los poderes estatales parecen estar ausentes.
No se puede cambiar el régimen reproduciendo prácticas pasadas y sin construir instituciones democráticas que sean operativas, transparentes y cercanas a los ciudadanos. La distribución de subsidios directamente y no mediada puede ser un avance en relación con las formas de clientelismo del PRI, pero eso no significa crear un nuevo régimen. La lucha contra la corrupción es, hasta ahora, una promesa, por ahora lo que hay es un gobierno que no gasta porque no sabe o porque no puede. Mientras tanto, en la vida cotidiana de las personas, la inseguridad y la violencia sufren tanto o más que antes, así como la falta de empleo y los ingresos suficientes. La construcción de un Estado, es decir, verdaderas instituciones democráticas, debe ser la tarea central de un nuevo régimen.
Alberto J. Olvera Es investigador en el Instituto de Investigación Histórico-Social de la Universidad Veracruzana.
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