La Dirección General de Persecución del Ministerio Público ha formalizado una acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas por su supuesta participación en una red que estafó a más de 500 personas a través de falsos proyectos inmobiliarios. La investigación reveló que estos individuos emplearon diversas maniobras fraudulentas para engañar a sus víctimas, causando un perjuicio que supera los RD$235 millones y más de US$10 millones.
El expediente fue presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. Los acusados incluyen a Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el cabecilla de la red, junto a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. También se han sumado nuevos imputados, como Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.
La acusación fue presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, junto con los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez. El caso será asignado a un tribunal para la audiencia preliminar a través de un sorteo aleatorio computarizado.
Los imputados enfrentan graves cargos que incluyen estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de varios artículos del Código Penal Dominicano. La investigación reveló que las empresas involucradas no solo ofrecían propiedades inexistentes, sino que también incumplieron con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que conlleva a una acusación de defraudación tributaria.
Durante la fase preparatoria, el Ministerio Público incautó bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos provenientes de las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada. Además, se detectó que estos recursos fueron utilizados para financiar el estilo de vida lujoso de los acusados.
Entre las pruebas recolectadas, se destaca que Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar la confianza de las víctimas, aunque no tenía ningún vínculo real con estas personalidades. Tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar denuncias en su contra, firmando contratos fraudulentos para obstruir el proceso judicial.