El Gobierno de Venezuela calificó como un «nuevo crimen de agresión» las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento. Estas sanciones fueron anunciadas debido a que dichos funcionarios proclamaron «falsamente» al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de julio.
En un comunicado oficial, Venezuela condenó las medidas coercitivas impuestas por EE.UU., calificándolas de ilegítimas y contrarias al derecho internacional. Entre los sancionados se encuentran figuras clave como Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El gobierno venezolano acusó a EE.UU. de despreciar la autodeterminación de los pueblos y de imponer sanciones que violan los acuerdos previamente firmados en Catar. Además, el comunicado sostiene que estas sanciones están motivadas por la «extrema derecha fascista», en referencia a la oposición venezolana, y que los sancionados son personas que defienden la soberanía y paz del país.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de EE.UU. justificó las sanciones alegando la represión y manipulación de procesos electorales por parte de estos funcionarios. Bajo las sanciones, los activos de los involucrados en EE.UU. serán bloqueados, y se les prohibirá realizar transacciones financieras en ese país.
El gobierno venezolano reiteró que, pese a las sanciones, continuará defendiendo su soberanía y alcanzando nuevos logros.