El Gobierno de Venezuela informó este lunes que se reserva la opción de emprender acciones legales para «resarcir» el daño provocado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, el cual fue incautado en la República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, como parte de las sanciones aplicadas al país.
El gobierno de Nicolás Maduro describió esta medida como una «práctica criminal» de Estados Unidos, señalando que está respaldada por las numerosas sanciones impuestas a altos funcionarios del chavismo en los últimos años. En un comunicado, Venezuela indicó que se reserva el derecho de tomar las medidas legales necesarias para compensar el daño infligido al país, y calificó la incautación del avión como un acto de «piratería».
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el avión en cuestión, un Dassault Falcon 900EX con un valor de 13 millones de dólares, fue transferido a Florida tras ser «adquirido de manera ilegal». Washington asegura que la aeronave pertenece a Maduro y a personas cercanas a él en Venezuela, y que era utilizada en su nombre.
El comunicado emitido por Venezuela también denunció que «ningún Estado está exento de acciones ilegales que ignoran el derecho internacional», acusando a Estados Unidos de utilizar su poder económico y militar para intimidar a otros países, como la República Dominicana, obligándolos a participar en lo que califican como actos ilícitos.