El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aplazado para el 1 de agosto la continuación del juicio de fondo en el caso Coral/Coral5G. A las 9:00 de la mañana se reanudará el proceso, y se espera que el tribunal comience a escuchar los testimonios en este caso de corrupción, que tiene como principal acusado al mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
El Ministerio Público acusa al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar un entramado de corrupción que involucró a 30 personas físicas y 18 jurídicas, responsables de un desfalco al Estado superior a los 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020. Se alega que sustrajeron fondos destinados a inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados se encuentran el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Julio Camilo de los Santos Viola; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Además, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, y Esmeralda Ortega Polanco también están implicados.
Estos imputados fueron enviados a juicio de fondo por la juez Yaninet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos, con posibles condenas por enriquecimiento ilícito.
La acusada Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también está involucrada, pero su imputación se está tratando de manera separada debido a su condición de salud.
El Ministerio Público atribuye al grupo la malversación de fondos públicos desde 2012 hasta 2020, mediante compras irregulares de alimentos y combustibles, así como el pago de salarios a policías y militares, donde solo se les entregaba menos del 30% del salario total y el resto era apropiado por la red. Además, se les acusa de desviar fondos de inteligencia del Cusep y Cestur para su propio beneficio.