A solo cinco días del inicio de los Juegos Olímpicos, Amelie Oudea-Castera, ministra de deportes de Francia, anunció que las atletas musulmanas que representen al país no podrán usar el hiyab, el velo que cubre la cabeza y el cuello. Esta medida ha desatado controversia y protestas a nivel internacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han criticado la decisión, considerándola discriminatoria. A pesar de las críticas, Francia ha decidido mantener su postura.
La legislación francesa exige la neutralidad del Estado en asuntos religiosos y permite la práctica privada de la religión, pero prohíbe la exhibición de símbolos religiosos en ciertos contextos públicos, incluidos eventos deportivos.
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha indicado que permitirá el uso del hiyab dentro de la Villa Olímpica. Según el COI, la normativa francesa no se aplicará durante las competiciones olímpicas: «La libertad religiosa se interpreta de manera diferente según el estado. Dentro de la Villa Olímpica se aplican las normas del COI».
Francia ha defendido su decisión argumentando la necesidad de preservar la neutralidad y laicidad en los eventos deportivos nacionales.
Esta medida ha resaltado la tensión entre la libertad religiosa y la política secular del país. La prohibición podría impactar el desempeño y la participación de las atletas musulmanas en los Juegos Olímpicos, además de abrir un debate sobre la inclusión y los derechos religiosos en el deporte.
La decisión ha generado una serie de reacciones en todo el mundo. Amnistía Internacional y otras organizaciones han instado a Francia a reconsiderar su postura.
El conflicto ilustra las diferencias en la interpretación de la libertad religiosa y la neutralidad estatal en diferentes países.