El colapso del paso a desnivel en las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez el pasado 18 de noviembre ha desencadenado una serie de opiniones y acciones. Según un informe del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) de 1999, ya se había advertido del riesgo que representaba esta estructura, recomendando la remoción del muro. Sin embargo, el desplome ocurrió durante fuertes lluvias, lo que ha generado debates sobre si el fallo fue estructural o relacionado con problemas de drenaje y mantenimiento.
Aunque algunos especialistas consideran que la responsabilidad recae en deficiencias estructurales, otros apuntan hacia problemas de drenaje y falta de mantenimiento. Esta situación ha llevado a la preparación de una demanda por parte de dos abogados en representación de cuatro afectados. A pesar de que previamente no se había contemplado emprender acciones legales contra el Estado, estos abogados están preparando una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Sin embargo, se han enfrentado a dificultades, como la negación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de emitir un acta de accidente de tránsito.
Los abogados argumentan que el Ministerio de Obras Públicas, la OPRET y el Ayuntamiento tienen una responsabilidad fundamental por no haber proporcionado el mantenimiento adecuado. Basándose en estándares internacionales, están solicitando una compensación de entre 20 y 30 millones de pesos por daños y perjuicios.
Una de las demandantes, María Reyes, sobreviviente del colapso, compartió su experiencia y la tragedia que presenció, incluyendo la pérdida de seres queridos. Los abogados hacen un llamado a la ciudadanía a tomar acción legal en casos similares contra el Estado.