El Tribunal de Atención Permanente de Barahona dictó tres meses de prisión preventiva contra varios miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos en la zona sur del país, informó este martes la Procuraduría General de la República.
La medida de coerción afecta a Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez y a los ciudadanos haitianos Pablo Selmo de la Cruz o Félix Pie y Yonel Raphael, mientras que se impuso garantía económica y presentación periódica a los imputados Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone.
El tribunal también acogió la declaratoria de complejidad del proceso solicitada por el Ministerio Público, que demostró el riesgo que constituye para el proceso la imposición de otra medida que no sea la prisión preventiva, como medida de coerción.
Esta estructura de asociación de malhechores cometía crímenes y delitos de falsedad de documentación pública con alcance trasnacional para materializar sus actividades ilícitas, afiliando sus acciones con el lavado de activos, en perjuicio de sus víctimas y del Estado dominicano.
La red estaba encabezada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, quienes trabajan en asociación con los nombrados José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone, quienes operan en los laboratorios de falsificación de documentos.
Además, utilizaban los servicios de Amauris Jesús Figuereo, Aquilino Alcántara, César Augusto Feliz Reyes e Ismael Josué Gaurdaramos para conseguir documentación falsificada a ciudadanos extranjeros, específicamente haitianos.
Tres extranjeros en situación irregular que fueron detenidos y que tenían en su poder documentos falsos afirmaron recibir de Selmo o Félix Pie la identidad falsificada a cambio del pago de sumas que oscilan entre 70,000 y 100,000 pesos.
Tras recibir esta información, el Ministerio Publico inició una investigación para desmantelar esta estructura criminal en la que intervinieron agentes encubiertos, para identificar los lugares donde se hacía la falsificación de los documentos públicos y quiénes conformaban dicha estructura delictiva.
Durante los allanamientos y arrestos de los implicados las autoridades se incautaron de máquinas para la confección de cédulas, cientos de cédulas falsas o alteradas, carnés del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la Junta Central Electoral (JCE), plásticos, tiner, así como una gran cantidad de actas de nacimiento alteradas.
Para materializar estos hechos utilizaban centros de copiados y fotográficos del sector Los Palmares, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, así como un laboratorio en un edificio del Distrito Nacional, un edificio de cuatro niveles y una casa familiar donde funcionaba el laboratorio de actas, apostillas falsas, y correcciones administrativas falsas.
Utilizaban una furgoneta que se trasladaba a la comunidad de Enriquillo, Barahona, donde dotaban a extranjeros en situación irregular en el país de documentos falsos.
En el expediente presentado por el Ministerio Público le imputa a los miembros de esta red la violación del Código Penal Dominicano, de la Ley sobre Cédulas y de la Ley sobre protección integral de los datos personales.