La policía peruana llevó a cabo un allanamiento en la casa de la presidenta peruana Dina Boluarte como parte de una investigación preliminar fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en perjuicio del Estado. Durante el allanamiento, se confiscaron tres relojes de lujo de la marca Rolex. Posteriormente, los fiscales y policías que llevaban a cabo la investigación se dirigieron al palacio presidencial sin necesidad de usar la fuerza para continuar con la operación ordenada por un juez de la Corte Suprema.
Este hecho marca la primera vez en la historia de Perú que la policía y la fiscalía ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, aunque anteriormente se han realizado allanamientos en el palacio presidencial. Perú está acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para antiguos funcionarios investigados por corrupción, pero es inusual que esto ocurra durante el mandato de un presidente en funciones.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, minimizó la gravedad del allanamiento, afirmando que no había una situación seria y que se estaba generando un ruido político que afectaba las inversiones. Adrianzén insinuó que detrás de la investigación podría haber una intencionalidad desestabilizadora dirigida por quienes «manejan el crimen organizado», sugiriendo que la pesquisa contra Boluarte era exagerada y estaba motivada por intereses políticos.