El juez Arthur Engoron, quien presidió el juicio civil por fraude contra el expresidente Donald Trump, emitió este viernes una orden que implica el pago de una multa de más de 350 millones de dólares y prohíbe a Trump realizar negocios en Nueva York durante tres años.
Esta decisión limita severamente las actividades comerciales de Trump en el estado de Nueva York al prohibirle «servir como funcionario o director de cualquier corporación en Nueva York y otras entidades legales» durante el período especificado. Esta medida plantea una amenaza significativa para el imperio inmobiliario que contribuyó a construir su imagen de multimillonario y su ascenso a la fama y a la Casa Blanca.
El veredicto marca el fin de un largo y muy seguido juicio civil por fraude contra Trump y su empresa familiar, la Organización Trump, quienes fueron acusados de inflar sus activos para obtener préstamos bancarios más favorables y otras ventajas.
Además de la multa y la prohibición de negocios, el juez Engoron ordenó la designación de un Monitor Independiente y la instalación de un Director de Cumplimiento Independiente para supervisar las actividades de la Organización Trump.
El magistrado ya había determinado previamente que el expresidente infló su fortuna en declaraciones financieras presentadas a bancos, aseguradoras y otros, con el propósito de realizar negocios y asegurar préstamos.
Alina Habba, la abogada que representó a Trump en el caso, reaccionó al veredicto describiéndolo como «una injusticia manifiesta» y como «la culminación de una cacería de brujas políticamente motivada de varios años diseñada para ‘acabar con Donald Trump'». Habba insistió en que su cliente no cometió ningún delito y expresó su esperanza de que la División de Apelaciones revierta el veredicto. En caso contrario, argumentó que sería una señal negativa para todos los estadounidenses sobre el clima de negocios en Nueva York.