Por la alta conexión a internet que de manera clandestina poseían reclusos de La Victoria, y la que les facilitaba la comisión de delitos, se investigará a los policías asignados en la vigilancia y seguridad de ese penal para establecer responsabilidades.
Así lo informó el titular de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, quien dijo que se apoderó al procurador de la Corte de la Provincia de Santo Domingo, y se solicitó al director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, que indague los posibles vínculos de sus miembros con el escándalo de las parábolas en la cárcel.
La penitenciaría La Victoria es la de mayor población con más de 7,000 reclusos. Su seguridad, como la de otras siete cárceles del país sin reformar, está bajo control de la Policía Nacional, indicó Hernández Basilio.
En una «labor de inteligencia«, el pasado domingo, la DGSPC incautó 12 parábolas de internet satelital marca Starlin, de una empresa comercial extranjera de venta en línea, y seis repetidores de señal, en los pasillos A y F del recinto, luego de un recorrido por la azotea.
Los equipos satelitales, considerados por expertos en tecnología como muy eficientes en conectividad, estaban escondidos en las tapas de los tinacos y en cajas cubiertas de tela.
Delitos son comunes desde las cárceles
En el país son recurrentes las estafas y los asesinatos ordenados desde las diferentes penitenciarías, a pesar de los muy anunciados proyectos para bloquear las comunicaciones de los reclusos con el exterior sin autorización de la autoridades. Según publicaciones periodísticas, en el 2019, la Policía Nacional dio a conocer la muerte de cuatro personas, ordenadas por privados de libertad.
La pasada semana, Hernández Basilio informó que una resolución ordena eliminar los teléfonos en las cárceles para luego bloquear la señal, pero «se estudia la forma de hacerlo, por el momento no ha sido posible, debido a que los centros están dentro de las comunidades y el bloqueo afectaría a sus residentes». De las 19 cárceles que aún están sin reformar, incluida La Victoria, siete son vigiladas por la Policía y 12 por el Ejército, dice Hernández Basilio.
En las restantes 22 reformadas o del nuevo modelo la seguridad está a cargo de jóvenes a los que se les exige no estar en la Policía ni en organismos castrenses.