La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció que en los primeros 35 días del Gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, las fuerzas de seguridad mataron a 32 personas. La organización destacó que de esas muertes, 12 fueron resultado de «fusilamientos de gatillo fácil», 16 ocurrieron en prisiones o comisarías, y hubo tres «asesinatos intrafamiliares» y un «femicidio de uniforme».
La CORREPI también expresó su preocupación por la posible aprobación de la llamada «ley ómnibus», que legalizaría el uso abusivo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. La organización advirtió que si esta ley se aprueba, será imposible emprender acciones legales contra los funcionarios públicos que maten a personas desarmadas o por la espalda, lo que podría dar lugar a un aumento de la violencia policial.
La controvertida ley estaba programada para ser tratada por la Cámara de Diputados, lo que ha generado preocupación y protestas en la sociedad.