El gobierno decidió transferir los terrenos que aún posee el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) o los que se recuperen a través de la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad de esa institución a un fideicomiso público.
Este fideicomiso, creado mediante el decreto 581-23, se encargará de la gestión comercial y administración de los terrenos, con el objetivo de captar, gestionar, invertir y financiar recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento.
Los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de infraestructuras en sectores como transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico a nivel nacional. Además, el fideicomiso podrá realizar proyectos de infraestructuras necesarios para el país.
La medida surge tras denuncias de ventas irregulares de terrenos del CEA y la creación de la Comisión Revisora para evaluar la legalidad de dichas transacciones.