El contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam S.R.L. para la instalación de la red semafórica en el Gran Santo Domingo está en el ojo de la controversia. Aunque inicialmente se hablaba de un monto de RD$1,317 millones, ahora se revela que existen pagos adicionales no especificados, que podrían comprometer los fondos del presupuesto del Intrant.
Estos pagos adicionales, que incluyen servicios de soporte, traslados y reparaciones de equipos en otras ubicaciones del país, así como licencias y softwares preinstalados en las cámaras de detección, no cuentan con montos definidos en el contrato. El compromiso de realizar estos pagos se extiende a lo largo de cinco años y se financiará con los fondos del presupuesto anual del Intrant.
En el artículo 5.3 del contrato se establece que el Intrant realizará los pagos adicionales por servicios de soporte y reparaciones mediante evaluación del servicio, cotización y presentación de órdenes de servicio, utilizando los fondos del presupuesto de la institución.
En cuanto a las licencias y softwares, el artículo 5.3.1 indica que se utilizará el software «Claudia» preinstalado en las cámaras de detección para cumplir con las atribuciones legales. El Intrant se compromete a realizar pagos mensuales por el uso de esta herramienta, financiados con los fondos provenientes de las infracciones de tránsito fiscalizadas por las cámaras.
La polémica se agrava ante la proclamación de dos candidatos como ganadores en las elecciones del Colegio de Abogados, Yohan López y Trajano Vidal Potentini, antes de concluir el recuento total de votos. Este escenario incierto plantea dudas sobre la legitimidad de los resultados proclamados antes de finalizar el proceso electoral.
Este martes, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá la primera audiencia sobre la solicitud de «medida cautelar anticipada administrativa» presentada por Transcore Latam S.R.L. contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de anular el procedimiento y contrato firmado con el Intrant. La DGCP anuló el contrato debido a irregularidades detectadas durante la investigación.
La situación pone de manifiesto la importancia de la transparencia y legalidad en los contratos públicos, especialmente aquellos que involucran fondos significativos y servicios críticos para la comunidad.