La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha lanzado una bomba informativa al presentar los impactantes hallazgos de su tercera investigación sobre el polémico procedimiento de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Las razones sociales Icontrolt, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L. han llevado este caso ante la lupa implacable de la DGCP, y los resultados son tan reveladores como explosivos. La batalla por la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo ha desencadenado un torbellino de controversias.
¿Qué se esconde detrás de las cortinas de la licitación pública? ¿Hubo irregularidades en el proceso? La DGCP arroja luz sobre estas preguntas candentes, descubriendo una trama que podría cambiar el panorama del transporte en la República Dominicana.
En un giro impactante, la resolución RIC-169-2023, emitida por el órgano rector, no solo confirma sino que profundiza en las irregularidades previamente detectadas en las decisiones anteriores relacionadas con la licitación para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Este documento revelador arroja luz sobre un oscuro rincón de la contratación pública, destacando que el contrato firmado entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L. no solo estaba plagado de irregularidades, ¡sino que también incluía servicios no contemplados en el pliego de condiciones! Esto, según la RIC-169-2023, constituye una contratación directa, violando flagrantemente los artículos 16 y 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como los principios de debido proceso y juridicidad.
En consecuencia, es nula de pleno derecho la contratación directa realizada por el Intrant con la razón Transcore Latam, S.R.L., en cuanto a la prestación del servicio de recaudación de los 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue estipulado en el pliego de condiciones, destaca el documento de 173 páginas emitido por la DGCP.
La resolución RIC-169-2023 expone una maraña de violaciones financieras en la gestión del Intrant, sacudiendo los cimientos de la transparencia y el debido proceso.
La revelación más impactante apunta al uso indebido del artículo 3 del Decreto 15-17, que rige el debido proceso en la emisión de certificados de apropiación presupuestaria. Aquí, se destaca el empleo de un documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant en lugar del generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). ¡Una maniobra que desdibuja las líneas del proceso y pone en duda la integridad del sistema financiero!
Pero la trama se complica aún más: ¡el monto de adjudicación y del contrato supera por RD$117,350,900.00 al monto aprobado para la contratación! Este desajuste financiero compromete los recursos del Estado más allá de los límites establecidos en el certificado, abriendo la puerta a interrogantes sobre la gestión financiera del Intrant y la responsabilidad en el manejo de fondos públicos.
En medio de la tormenta de irregularidades, la resolución RIC-169-2023 pone al descubierto otro eslabón roto en la cadena contractual del Intrant. Se verifica con estupor que la garantía de fiel cumplimiento del contrato, presentada por Transcore Latam, S.R.L., no solo es inferior a la requerida en el pliego de condiciones, sino que también incumple el requisito de vigencia estipulado.
Esta revelación arroja sombras sobre la integridad del proceso de contratación, cuestionando la solidez financiera y el compromiso de la razón social adjudicataria. La DGCP, en respuesta a estas irregularidades graves, no solo reitera la nulidad del pliego de condiciones y del procedimiento, sino que subraya la necesidad imperante de aplicar sanciones a los funcionarios y servidores públicos involucrados que no respetaron las normas del debido proceso en el marco de esta licitación.
La resolución RIC-169-2023, como una onda sísmica administrativa, no solo señala las violaciones flagrantes en el procedimiento del Intrant, sino que también activa una cadena de acciones en múltiples frentes.
El órgano rector anuncia que esta contundente resolución será remitida a instituciones clave, desencadenando investigaciones exhaustivas y acciones judiciales. La lista incluye la Contraloría General de la República, la Unidad Antifraude, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Procompetencia, DGII, MOPC, PEPCA, el Ministerio de la Presidencia, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Cada entidad, en el marco de sus competencias, será llamada a realizar investigaciones pertinentes sobre una amplia gama de hallazgos, desde la emisión de facturas y comprobantes fiscales hasta prácticas anticompetitivas y el comportamiento ético de los servidores públicos.
La DGCP, en una declaración impactante, adelanta que la próxima semana revelará la última resolución en este caso, delineando el proceso sancionador que se aplicará contra la empresa adjudicataria. Este anuncio anticipa un desenlace trascendental en este drama administrativo, donde las consecuencias prometen ser tan intensas como la tormenta que precedió.
¡Prepárense para una semana llena de revelaciones y decisiones cruciales mientras esta saga de irregularidades y consecuencias administrativas alcanza su clímax!