Pedro Vinicio Padovani Báez, exanalista de movilidad sostenible y excoordinador del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se encuentra en el centro de una controversia tras la suspensión de un lucrativo contrato de semáforos inteligentes adjudicado a la empresa Transcore Latam, SRL, de la cual es socio mayoritario. La suspensión, efectuada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, se debe a anomalías encontradas en el proceso de licitación que involucran a Padovani Báez.
Investigaciones revelan que Padovani Báez, quien ocupó su posición en el Intrant hasta julio de 2022 con un salario de 70,000 pesos, figura como el principal accionista en la empresa Transcore Latam, fundada en julio de 2022, poco después de su salida del Intrant. Este hecho plantea preguntas sobre la transparencia del proceso de adjudicación del contrato que asciende a más de 1,317 millones de pesos.
Además, se ha descubierto que Transcore Latam tiene conexiones con otra compañía que también ha recibido contratos del Intrant, lo cual profundiza las sospechas de favoritismo en la selección de Transcore Latam para la instalación de los semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Documentos indican que Padovani Báez poseía 900 de las 1,000 acciones de la empresa, acciones que posteriormente reasignó parcialmente a Transcore LTE, LLC y SIC Transcore, LLC, ambas con sede en Delaware, EE.UU., y con Jorg Brinkmeyer, extranjero, como socio.
En el proceso de licitación, Transcore Latam resaltó por su supuesta experiencia de más de 15 años en la implementación de sistemas de tráfico. Sin embargo, se levantaron alertas sobre posibles especificaciones en la licitación que favorecían a ORIUX, una marca asociada a Transcore Latam.
Por otro lado, Dekolor S.R.L., empresa que brinda servicios al Intrant y actúa como fiadora en un contrato de crédito para Padovani Báez, también entra en la trama, planteando más dudas sobre la imparcialidad y legitimidad del procedimiento licitatorio.
El Intrant y las entidades de contratación pública están actualmente bajo escrutinio por esta aparente conexión interna que podría sugerir un conflicto de interés y una posible ventaja injusta en la adjudicación de un contrato de tan alto perfil y valor económico.