La Comisión designada por el presidente Luis Abinader para examinar los contratos de ventas de tierras pertenecientes a los ingenios estatales suscritos entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y terceros, ha concluido su evaluación y recomendado la creación de un fideicomiso público para la gestión transparente y eficaz de estos activos.
Tras un detenido análisis de la situación crítica del CEA, la comisión ha emitido la Resolución número 01-23, que subraya la urgencia de llevar a cabo un proceso de regularización de los terrenos y la necesidad de una depuración completa de los contratos de venta de propiedades realizados por el CEA en diferentes períodos.
La comisión enfatiza que los terrenos de propiedad del CEA representan un patrimonio nacional que requiere la atención del Estado y sus administradores para asegurar su uso adecuado y garantizar el cumplimiento de los acuerdos y convenios que involucran estos activos. Además, propone que la recuperación de los activos del CEA se emplee de manera efectiva en proyectos de alto interés público, destinados a mejorar la calidad de vida de la población dominicana, a través de la creación de un fideicomiso público.
Este grupo fue establecido por el presidente Abinader mediante el Decreto número 273-23 del 27 de junio de 2023 y está compuesto por Enriquillo Reyes (presidente), el director ejecutivo del CEA (vicepresidente), Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria), y miembros adicionales como Fidias Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
La comisión subraya que la Ley 28-23 sobre fideicomisos públicos, promulgada el 17 de marzo de 2023, establece la utilidad y eficacia de los fideicomisos públicos en la gestión de proyectos de inversión pública, la administración de fondos públicos, la ejecución de infraestructuras y la prestación de servicios de interés colectivo, lo que refuerza la recomendación de crear un fideicomiso público.
Asimismo, se recomienda exonerar de sus deudas a las familias de bajos ingresos que adquirieron pequeñas parcelas de tierra del CEA que no superen los 500 metros cuadrados y proporcionarles los títulos de propiedad definitivos.
La resolución también aborda la violación de la prohibición de realizar operaciones inmobiliarias con los activos del CEA, establecida en el Decreto 268-16 de septiembre de 2016, y destaca la complejidad de elaborar un inventario de las propiedades del CEA debido a la gran cantidad de expedientes pendientes de revisión y contratos de venta de tierras.