Senado Dominicano Aprueba Ley para Administración de Bienes en Procesos Penales y Extinción de Dominio
El Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura la Ley para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio. La medida obtuvo 21 votos a favor de los 25 senadores presentes.
Esta legislación establece la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Icanbide), que operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda.
La propuesta fue presentada por los senadores Félix Ramón Bautista, Ramón Rogelio Genao y Pedro Catrain, el Poder Ejecutivo y los diputados Rafael Tobías Crespo Pérez, Rafael Augusto Castillo, Plutarco Pérez, Miguel Alberto Bogaert, Rogelio Alfonso Genao y Napoleón López Rodríguez.
La iniciativa se deriva del artículo 51, numeral 6, de la Constitución de la República, que establece que la ley regulará la administración y disposición de bienes incautados y abandonados en procesos penales y en juicios de extinción de dominio, de acuerdo con el marco legal.
El propósito principal de esta ley es crear un sistema de administración, control y mantenimiento de bienes incautados, secuestrados o abandonados en el curso de procesos penales o de extinción de dominio, respetando siempre el debido proceso y determinando su destino final en caso de decomiso o extinción de dominio a través de una sentencia definitiva.
La norma establece procedimientos detallados para el registro y el inventario de los bienes incautados, así como la gestión de estos activos mientras no pasen al patrimonio del Estado, lo cual solo ocurre tras una sentencia definitiva que disponga el decomiso o la extinción del dominio.
Además, se crea un Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos (FEBIDE), y se establecen sanciones que incluyen penas de prisión de 3 a 5 años y multas de 50 a 400 salarios mínimos para los funcionarios que incumplan con las disposiciones de la ley, cometan delitos de violación de las reglas de administración o utilicen información privilegiada.
Félix Ramón Bautista, senador y proponente de la ley, destacó la importancia de esta legislación para complementar la Ley 340-22, que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, y proporcionar un marco legal para la gestión de bienes incautados y abandonados en procesos penales y juicios de extinción de dominio, de acuerdo con las disposiciones constitucionales.