El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, obtuvo ayer una modificación de la medida de prisión preventiva impuesta en su contra en relación con el caso Calamar. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron los encargados de tomar esta decisión.
El tribunal, presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez e Indhira Montás, determinó que el acusado deberá pagar una fianza de cinco millones de pesos a través de una compañía de seguros. Además, se le impuso la restricción de salir del país y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público encargado de la investigación, en este caso, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Después de la audiencia, el exfuncionario del gobierno de Danilo Medina, quien estuvo bajo estricta seguridad, manifestó su aprobación por la decisión del tribunal al considerarla justa.
La decisión de la sala se basó en la aceptación de un recurso de apelación presentado por el imputado a través de su equipo legal, compuesto por Eduardo Núñez, Mario Aguilera, Manuel Rodríguez y María del Pilar Zuleta. El tribunal argumentó que Guerrero no representaba un riesgo de fuga, lo que justificó la revocación de la medida de coerción que se le había impuesto previamente, el 4 de abril de 2023, por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
A pesar de la decisión del tribunal, el fiscal litigante Arolin Lemos, acompañado de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, reafirmó su compromiso de continuar cumpliendo su función y persiguiendo los delitos de corrupción. Aseguró que seguirán trabajando para presentar un caso sólido, tal como lo han venido haciendo en otros casos que están ante los tribunales.
En el caso Calamar, José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, está bajo arresto domiciliario. Otros imputados incluyen al abogado Ángel Lockward, Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como varios funcionarios y personas relacionadas con el caso.