El presidente Luis Abinader ha establecido el Fideicomiso Público para el Fomento de Proyectos Aeroportuarios Dominicanos, conocido como Fideicomiso Pro Aeropuertos, mediante el decreto 374-23 emitido el 15 de agosto de 2023. El propósito principal de este fideicomiso es gestionar, invertir, financiar y administrar los recursos para asegurar la correcta operación de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos en la República Dominicana, tanto a nivel doméstico como internacional. Víctor Pichardo fue designado como director ejecutivo de manera honorífica, además de sus funciones como director del Departamento Aeroportuario.
El Fideicomiso Pro Aeropuertos estará compuesto por el Estado dominicano, a través de la Comisión Aeroportuaria y Fiduciaria Reservas. Sus objetivos principales incluyen:
- Recibir y mantener en propiedad fiduciaria los activos destinados a cumplir su objetivo.
- Suscribir y gestionar acuerdos y contratos para financiar proyectos relacionados con aeropuertos, siguiendo regulaciones locales e internacionales.
- Emitir garantías fiduciarias según sea necesario para cumplir con sus obligaciones.
- Administrar activos de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente y el Consejo Técnico.
- Apoyar el diseño, construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo como parte del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales.
- Ejecutar acciones para contraer obligaciones y financiar el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en nombre del Fideicomiso Pro-Pedernales.
El patrimonio del fideicomiso provendrá de diversas fuentes, como aportaciones del Estado, inversiones y ganancias del proyecto, deudas, emisiones de valores, y donaciones de terceros.
El cuerpo técnico del Fideicomiso Pro-Pedernales estará compuesto por el ministro de la Presidencia, quien lo presidirá, así como los titulares de Obras Públicas, Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, además de una persona designada por el Poder Ejecutivo.
Este fideicomiso tendrá una duración de 30 años, tras la cual se extinguirá y el patrimonio fiduciario se reintegrará al Estado.