En el año 2003, Lino José María Suárez Rodríguez intentó desalojar a un grupo de personas que habían ocupado terrenos de su propiedad en Villa Francisca, Distrito Nacional, República Dominicana. Ante la crisis económica y con la intención de evitar afectar a los invasores, el gobierno del presidente Hipólito Mejía declaró los terrenos de utilidad pública para que el Estado los comprara.
Sin embargo, el propietario falleció sin haber recibido el pago por los terrenos, y sus hijos continuaron la lucha para obtener la compensación correspondiente. Los hijos llevaron su caso a la justicia y obtuvieron fallos a su favor, incluso del Tribunal Constitucional en 2019. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia ordenando al Ministerio de Hacienda incluir en su presupuesto el pago de la suma de RD$24,378,718.00.
A pesar de estos fallos judiciales, ni el gobierno de Danilo Medina ni el de Luis Abinader han saldado la deuda. Los propietarios alegan que la propiedad de sus terrenos fue declarada de utilidad pública para el Estado y que se valoraron nuevamente, pero no se ha procedido al pago correspondiente.
Este caso resalta los desafíos que pueden surgir en casos de expropiación de terrenos y la importancia de cumplir con las decisiones judiciales para garantizar la justa compensación a los propietarios afectados.