La Cancillería colombiana expresó su preocupación por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y condenó enérgicamente las medidas que restringen la libertad religiosa, de cátedra y de expresión en el país. El gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, oficializó el cierre de la UCA, una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas y antigua del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su solidaridad con los estudiantes, profesores y personal afectado por la confiscación de los bienes de la UCA, que está bajo la administración de la Compañía de Jesús y es una institución educativa clave en Nicaragua.
El cierre de la UCA ha generado controversia y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La UCA es vista como un bastión de libertad de pensamiento en Nicaragua y ha sido acusada por el gobierno de delitos de terrorismo. Las autoridades acusan a la universidad de no cumplir con sus obligaciones legales, incluida la presentación de estados financieros, y de estar involucrada en actividades violentas y destructivas.
Esta medida forma parte del contexto más amplio de restricciones a la libertad académica y a los derechos humanos en Nicaragua en los últimos años. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos y la democracia en el país.